La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.

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La actriz reflexionó sobre la denuncia que presentó la periodista, luego de que se levantara el secreto de sumario y se conociera el contenido de las declaraciones.
El pasado jueves 17 de julio se conoció el detalle de la denuncia que realizó Viviana Canosa donde apunta a una serie de personalidades públicas y las relaciona con la trata de personas y otros delitos de carácter grave.
El contenido del documento se encontraba bajo secreto de sumario por el cual los acusados, y medios, no podían acceder al testimonio de la periodista quien realizó varios descargos televisivos y aseguró que "de todo lo que declaró tiene pruebas".
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Finalmente tras conocerse la denuncia, Florencia Peña, una de las mencionadas en la causa, salió a hacer una reflexión al respecto y dijo: "Luego de una extensa y difícil espera, finalmente hemos tenido acceso al sumario judicial iniciado a partir de la denuncia pública realizada por Viviana Canosa, vinculada a una supuesta red de trata de personas".
Al tiempo que continuó resaltando que Canosa no presentó ninguna prueba a la denuncia o elementos probatorio de sus dichos: "Al revisar el expediente nos encontramos con un conjunto de elementos que carecen de sustancia probatoria, sin fundamentos sólidos ni argumentos que justifiquen el tiempo y los recursos que este proceso ha requerido por parte de la justicia".
También, criticó al sistema judicial en general por darle entidad a denuncias sin fundamento y expresó: "Más allá de la sorpresa que genera la fragilidad de la denuncia, lo que realmente impacta es la exposición de las personas a un sistema que, en ocasiones, puede ser fácilmente manipulado o desbordado por intereses ajenos a la verdad".
Asimismo aseguró que esto no subsana el daño ocasionado: "Haber comprobado que no existía sustento en las acusaciones no alcanza para reparar el daño emocional, mediático y personal sufrido".
Y fundamentó su posición: "Las personas involucradas hemos atravesado momentos muy duros, angustia, incertidumbre y el profundo dolor que provoca verse injustamente señalados. Esta situación también ha afectado a nuestras familias, a nuestros entornos afectivos y a quienes sin buscarlo quedaron atrapados en una historia ajena y dolorosa. Si bien, valoramos que la Justicia haya podido esclarecer los hechos, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y desazón por lo vivido".
En esa línea adelantó: "Ahora se abre una nueva etapa, la del proceso de sanación y reconstrucción personal para quienes fuimos injustamente afectados y también la de buscar que quienes hayan actuado con irresponsabilidad o mala fe, enfrenten las consecuencias legales que correspondan".
"Nuestro compromiso es claro, no por revancha, sino por Justicia, no solo por quienes ya fuimos dañados, sino también por aquellos que podrían estar en riesgo si este tipo de situaciones vuelven a repetirse. Confío en que la justicia avanzará para esclarecer por completo lo ocurrido y para que, si corresponde, los responsables asuman las consecuencias", concluyó.
La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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