El caso ocurrió en Las Heras y es investigado por la fiscalía de Homicidios, mientras avanzan las causas abiertas en Olivos y Corrientes.

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El fiscal Gastón Larramendi, encargado de pedir el desalojo de la planta de PepsiCo en Vicente López, afirmó que "de ninguna manera" cuestiona "el reclamo gremial", pero enfatizó que "los derechos no son absolutos".
"De ninguna manera cuestionamos el reclamo gremial de los trabajadores, es algo totalmente lícito, pero como todo, todos los derechos no son absolutos y donde termina un derecho empieza el otro. El derecho de reclamar, de huelga, no puede avasallar a todos los demás", manifestó el funcionario judicial.
Larramendi indicó que: "Si hay algo que nos interesa como Ministerio Público es la legalidad, no es perseguir por perseguir en sí mismo, pero hubo una intrusión ilegal por parte de trabajadores".
Vale recordar que la protesta de los trabajadores de PepsiCo comenzó el 20 de junio cuando los empleados que debían cumplir el turno de guardia ese día feriado, al llegar al lugar, se encontraron con un cartel en la puerta que anunciaba el cierre de la planta.
La empresa argumentó que lo hizo "debido a los obstáculos inherentes a la ubicación de la planta en un área mayormente residencial, su compleja estructura de costos y extensos requerimientos logísticos". En ese contexto, los 691 familias se quedaron sin trabajo.
Ante este escenario, los miembros de la comisión interna de la planta anunciaron la toma de la fábrica. La Infantería de la policía bonaerense cumplió con una orden de la Justicia y tras los incidentes, hay al menos cinco detenidos.

El caso ocurrió en Las Heras y es investigado por la fiscalía de Homicidios, mientras avanzan las causas abiertas en Olivos y Corrientes.
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La advertencia se emitió tras los casos registrados en Neuquén, donde se investigan fallecimientos y una internación grave vinculados al consumo de la sustancia.
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Se trata del bloque de artículos que contemplaba la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad. El Presupuesto sería debatido el próximo viernes en el recinto.
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El oficialismo incluyó la derogación de la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad dentro del dictamen de Presupuesto 2026 y generó la baja de un capítulo clave para mantener el equilibrio fiscal.
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