La celebración o no este martes en el Parlamento catalán de la sesión para investir presidente regional al independentista Carles Puigdemont, huido a Bruselas desde hace tres meses, y si éste regresará a Cataluña, mantiene en vilo a la clase política y a los tribunales de España.

El Tribunal Constitucional de España recibió por parte del gobierno central un pedido de impugnación de la sesión al igual que la candidatura de Puigdemont, al que considera un prófugo de la Justicia. 

No obstante, el TC no se expidió sobre la constitucionalidad de la sesión, lo único que el tribunal dictaminó hasta el momento, es que la misma deberá hacerse con la presencia física del candidato.

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Puigdemont, fugado a Bélgica para evitar comparecer ante la Justicia española que lo acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, es el único candidato propuesto por el independentismo catalán, con mayoría en la Cámara autonómica, para presidir el nuevo Gobierno regional.

Sobre Puigdemont pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo, de modo que si pisa suelo español será detenido y llevado ante un juez que le investiga por su impulso al ilegal proceso independentista en Cataluña.

En un nuevo intento para evitarlo, el dirigente independentista dirigió hoy un escrito al Alto Tribunal en el que acredita su condición de diputado electo y subraya que puede ejercer los derechos que le son inherentes sin necesidad de "autorización judicial".

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En su escrito, los abogados de Puigdemont avalan su condición de diputado, con todos los derechos que le corresponden, "especialmente el de inmunidad parlamentaria", por lo que entiende que no le hace falta pedir "ningún tipo de autorización judicial para el ejercicio de estos derechos".

En ese sentido, la Fiscalía española ya avisó hace unos días al independentista catalán de que la condición de inmunidad no significa que no se pueda ordenar su ingreso en prisión por orden judicial.