En medio del debate por el aborto en el Congreso de la Nación -y en la sociedad-, Amnistía Interacional presentó un informe en las Naciones Unidas sobre las condiciones en las que se encuentra Argentina en materia de DDHH, niñez y embarazo adolescente. 

Amnistía comienza el informe resaltando la cifra de 72.791 embarazos adolescentes no deseados durante el 2017, que representa un 41,9 cada mil mujeres de entre 15 y 19 años. 

Allí se destaca que mientras menor nivel de desarrollo socio económico existe, mayores son las posibilidades de que una adolescente quede embarazada. Formosa, Chaco, Misiones, Salta son las provincias con mayores embarazos. 

Por otra parte, existen también los casos de repitencia, donde mujeres adolescentes quedan embarazadas por segunda o tercera vez. 

"Una importante proporción de los segundos embarazos entre adolescentes no es planeada ya que no se logra generar un adecuado seguimiento por parte de los servicios de salud que permita brindar herramientas concretas a jóvenes y adolescentes que atraviesan un primer embarazo para prevenir futuros embarazos no deseados", detalla Amnistía. 

Por otro lado, se destaca que muchos embarazos de menores de 15 años "la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual, relaciones forzadas y explotación sexual es mayor".

El embarazo adolescente además impacta en la educación y trabajo de los jóvenes: El 30% de las jóvenes que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad. 

Por otra parte un 67% de las personas jóvenes que no estudia, no trabaja ni busca trabajo son niñas y adolescentes que cuidan niños en sus hogares. 

En el tópico sobre la legalización del aborto, Amnistía si bien resalta que en Argentina la interrumpción del embarazo es legal desde 1921 el uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud; el uso de la justicia para dilatar y obstaculizar abortos; los sistemas de salud que repelen a mujeres y niñas a través de comentarios reprobatorios del personal hospitalario complican el cumplimiento del protocolo.

Para finalizar, resalta la importancia de legalizarlo en Argentina para "eliminar la persecución penal del aborto de su marco jurídico" y así cumplir con la recomendación realizada por el Comité de Derechos Del Niño.