El ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra asumió como flamante defensor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que la investiga por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y tildó al caso como un "claro ejemplo de persecución política a través de jueces".

El nuevo abogado de la ex mandataria tendrá la tarea de desmentir que, a través de la firma del memorándum con Irán, hubo un "intercambio de favores": olvidar el ataque a la mutual judía a cambio de relanzar la relación comercial-diplomática entre los países.

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Tras la renuncia de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, históricos defensores de la ex mandataria, asumieron Ibarra y el ex conjuez de la Cámara de Casación Roberto Boico.

Refiriéndose nuevamente a la causa, Ibarra señaló que "es imposible que condenen a alguien" por la denuncia realizada por el fallecido fiscal Alberto Nisman desde el punto de vista jurídico y consideró que hay en juego intereses políticos y no sólo judiciales.

"Este caso es un ejemplo de persecución política de oposición a través de jueces. Cuando el poder político va con alguna direccionalidad no hay razonamiento de sentido común o argumentación jurídica", argumentó en declaraciones a Radio Con Vos. 

El abogado también sostuvo que "no hay persona detenida en la argentina por (una causa de) encubrimiento" que no sea la que instruyó el juez Claudio Bonadio y añadió: "Están presos Carlos Zannini, Luis D'Elía y Fernando Esteche. Esto es persecución política".

La causa

La causa en la que ahora intervendrán Ibarra y Boico surgió de la denuncia que Nisman esgrimió contra la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y otras personas, a las que acusó de encubrir a los ciudadanos iraníes imputados por el atentado la AMIA, a través de la firma del Memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.

El fiscal especial del caso AMIA argumentaba que el pacto con Irán haría caer las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los iraníes y que se reactivaría el comercio entre ambos países, a pesar de que eso al final nunca ocurrió. 

La ex mandataria y actual senadora fue procesada, con pedido de desafuero y prisión preventiva, por el juez Bonadio que en diciembre dio por concluida la investigación y corrió vista a las partes para que opinen sobre el eventual paso de la causa a juicio oral y público.