Juan José Aranguren declaró este martes en la causa que se investiga si participó de "negociaciones incompatibles con la función pública" por haber tomado desde el gobierno decisiones que habrían beneficiado a la petrolera Shell cuando todavía era accionista de esa compañía.

La indagatoria estaba prevista para mañana, pero el viernes pasado el juez Luis Rodríguez dispuso que fuera reprogramada para hoy, a las 11, a pedido de la defensa del propio ex funcionario, que invocó "problemas de agenda".

En su declaración, Aranguren explicó que no tuvo interés en ningún proveedor en particular y todas las decisiones que tomó fueron "de carácter general y siempre en beneficio del interés público".

• La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".

Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones 'clase A' de la empresa Royal Dutch Shell", que vendería meses después.

Al respecto del precio del gas, que sufrió un aumento sideral durante su gestión, el ex ministro explicó que eso no benefició a las empresas petroleras: "El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado. Las empresas petroleras no se vieron beneficiados por el precio del gas que pagaron los usuarios en sus casas", dijo Aranguren, según informó la agencia NA.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.

También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que habría puesto "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".

En este sentido, Aranguren detalló que la compra al país trasandino se hizo porque Bolivia no tenía disponible: "Así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de YPF. No había mayor capacidad de las plantas de regasificación", indicó.