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Actualidad -
En noviembre de 2016 una primera denuncia alertaba a la Justicia mendocina sobre un caso que trajo las historias más sórdidas de los últimos tiempos. Se empezaba a investigar la posible comisión de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores sordos. Se trata, del mayor escándalo por denuncias de abusos sexuales eclesiásticos, registrado en Mendoza.
Dos años y ocho meses después llega el momento de definiciones. Pasadas las 9 de mañana inicia el juicio por la primera de las tres causas en las que fue dividido el caso. En total son 14 acusados (13 imputados y un condenado) y más de 20 víctimas que declararon en estos casi tres años.
Los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el ex administrativo y jardinero Armando Gómez (49, quien tiene una discapacidad auditiva) suman 28 hechos de abusos sexuales y corrupción de menores, divididos en 16 por los que se acusa a Corbacho, seis contra Corradi y otros seis contra Gómez. La causa tuvo cinco acusados, si se incluye al ex monaguillo ya condenado y a otro ex administrativo que fue declarado inimputable. Los imputados arriesgan penas de hasta 50 años de prisión.
Testimonios
Paola González es una de las madres que inició el Colectivo de Mujeres por la restitución de los derechos de sus hijos abusados y torturados en el Instituto Próvolo de Lujan de Cuyo. Contó a FiloNews que la iglesia no solo no colaboró con la investigación, sino que cuestionó el accionar de la justicia y los testimonios de las víctimas.
"Para familiares y el colectivo, lograr esta instancia, donde serán juzgados miembros del clero y administrativos; es un gran triunfo. Pretendemos una condena ejemplar para los acusados. Ellos debían cuidar y educar en fé a nuestros hijos. En vez de eso hicieron daño, nos amenazaron, nos maltrataron. Corrompieron y violaron salvajemente a nuestros hijos".
Sergio Salinas, abogado querellante, explicó que buscarán la condena de los responsables y de aquellos que deberían haber actuado y no lo hicieron. En 2006, 2007 y 2008 hubo denuncias a las que no se les dio curso de investigación.
"Se busca probar la responsabilidad final de la Iglesia en el marco de la no ayuda, del permanente ocultamiento de las pruebas que pueden a ayudar a que se esclarezcan más casos de víctimas. La Iglesia debe tomar mecanismos preventivos y, no solo disculpas públicas, para evitar este tipo de situaciones en el futuro".
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