La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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"Todos los políticos mienten", suele escucharse en casi todas las conversaciones sobre política. Esta idea generalizada de que aquellas personas que se postulan para acceder a algún cargo gubernamental o liderar un partido no dicen la verdad podría ser liquidada gracias a la iniciativa de un senador provincial.
Alejandro Abraham, referente del PJ-Podemos en Mendoza, impulsa un proyecto que busca modificar la ley electoral de su provincia sancionando con multas, imposibilidad de presentarse a elecciones y hasta días de prisión a los políticos que no cumplan sus promesas o planes de campaña y/o difamen a sus contrincantes.
Las penas que se contemplan son más leves cuando se trata del segundo caso: el legislador apunta a que cada candidato que "con engaños indujera a otros a sufragar de determinada forma o abstenerse de hacerlo", podrá ser apresado por un mínimo de 10 días y un máximo de 30, y estará inhabilitado para acceder a un cargo público por 5 años.
Abraham explicó este punto al diario UNO y aclaró que estos "engaños" hacen alusión al hecho de "difamar, injuriar o calumniar a otro candidato", buscando "sancionar la conducta desleal".
Mientras tanto, para quienes incumplan sus promesas de campaña se podrá dictar un "arresto de 15 a 60 días e inhabilitación por el término de 10 años para presentarse a elecciones".
"Las campañas de marketing político, por un lado, se centran en difamar y descalificar de manera personal a los posibles competidores electorales, utilizando para ello las herramientas tecnológicas de modernos medios masivos de comunicación", argumenta Abraham dentro de la medida que espera se apruebe en el recinto.
De acuerdo a lo esgrimido por el senador mendocino, con esta batería de multas, sanciones y cárcel pretende evitar el desprestigio del "sistema de representación, al vaciar de contenido especifico las propuestas que los candidatos presentan a los ciudadanos, los que una vez elegidos no dudan en llevar adelante políticas y decisiones arbitrariamente contrarias a las afirmaciones efectuadas durante la campaña electoral".
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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