La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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Los dueños de la vivienda, una pareja de ancianos, quedó detenida e imputada en una causa por maltrato animal.
La Policía de la Ciudad rescató en las últimas horas un total de 24 perros de diferentes razas que se encontraban en malas condiciones de salud en un criadero ilegal montado en un departamento del barrio de Caballito.
Los dueños de la vivienda, una pareja de ancianos, quedó detenida en su domicilio por decisión de la Justicia e imputada en una causa por maltrato animal, mientras que los animales fueron asistidos y llevados a una ONG.
Personal de la División Delitos Ambientales del Departamento Delitos contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad dio cumplimiento de esta forma a una orden de allanamiento dispuesto por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, a cargo de Carlos Rolero Santurián.
La causa se inició por una investigación de esa división de la Policía de la Ciudad, que determinó que en una casa de la avenida José María Moreno al 100, en el barrio de Caballito, funcionaría un criadero clandestino de caniches, según indicó un comunicado oficial.
En el procedimiento se comprobó que en la casa, donde reside una pareja de adultos mayores, había 24 perros, en su mayoría caniches.
El departamento tenía seis ambientes, sin salida al exterior, y los perros estaban hacinados, casi desnutridos y sin las medidas de higiene necesarias.
Ante la consulta a la fiscalía interventora, se dispuso la detención domiciliaria de la pareja, ya que ambos tienen más de 70 años y en prevención por su estado de salud, a la espera de la indagatoria.
También la fiscalía ordenó hacer entrega de los animales a una ONG destinada al resguardo.
Para tal fin dispuso la presencia de un móvil de la División Perros de la Policía de la Ciudad para contar con el transporte para el traslado.
Un veterinario de la Agencia de Protección Animal de la Ciudad (APRA) revisó a los animales, en tanto para el cumplimiento de la manda judicial dio colaboración un representante de la ONG Soplo de Vida.
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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