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Actualidad -
Un solo tuit de Elisa Carrió alcanzó para revolver la política nacional, ya que la diputada consideró que las palabras del ministro de Justicia, Germán Garavano, sobre la situación de Cristina Kirchner "pasibles de un juicio político".
Según consta en la Constitución nacional, en su artículo n° 53, si se desea remover al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete, ministros e integrantes de la Corte Suprema, el pedido se debe formular en la Cámara de Diputados de la Nación, que será la Cámara acusadora.
Los cargos por los que pueden ser acusados los miembros del Ejecutivo o los supremos son: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes.
No obstante, para lograr la acusación y que pase a la Cámara de Senadores, debe obtener los 2/3 de los votos. Si la acusación llegara a obtener ese número en ambas Cámaras, el funcionario quedará destituido "incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación".
Uno de los casos más recordados es el de Aníbal Ibarra, que gobernaba la ciudad de Buenos Aires cuando sucedió la Tragedia de Cromañon. 11 meses después, en noviembre de 2005, los diputados porteños votaron por suspenderlo de sus funciones para que una Sala Juzgadora trate su caso.
En marzo de 2006, más de un año después de las 194 muertes en el recital de Callejeros, la Sala Juzgadora decidió destituir al por jefe de gobierno.
Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes. Puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político. https://t.co/mCvgtogsBO
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 3 de octubre de 2018
El abogado Roberto Boico fue consultado por FILO y explicó que no hay manera de que un ministro pueda ser sometido a dicho procedimiento ya que siempre su renuncia está a disposición del presidente, que podría echarlo si así lo decidiera.
El letrado constitucionalista agregó asimismo que no hay recuerdo de funcionario del poder Ejecutivo destituidos por esa vía, a diferencia de ministros de la Corte, como por ejemplo Eduardo Moliné O'Connor, integrante de 'La mayoría automática' de la década del 90, sometido a un juicio político en 2003.
Misma suerte corrió Antonio Boggiano en 2005, que permaneció en la Corte durante todo el proceso de destitución, hasta que finalmente el Senado votó con los 2/3 de sus integrantes.
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