La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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Luego de que el Tribunal Oral Federal N°4 rechazara unificar en un solo juicio oral las causas por la "ruta del dinero K" en la que está preso el empresario Lázaro Báez y la del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz que tiene procesada por asociación ilícita a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el turno de la Cámara Federal de Casación de tomar cartas en el asunto.
Ahora, la decisión de dar lugar a un megajuicio estará en manos de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, de la Sala IV del máximo tribunal penal del país.
Sus pares del TOF N°2 habían enviado la causa por "conexidad" al TOF N°4, que tiene a cargo la llamada "ruta del dinero K". Sin embargo, la acumulación de las dos causas fue rechazada por éste, por lo que ahora deberá definir Casación.
Borinsky, Hornos y Gemignani ya intervinieron en otros planteos tanto de la causa de la "ruta del dinero K" por lavado de activos como la de la obra pública direccionada a favor de Báez en Santa Cruz.
"Han reiterado en diversos pronunciamientos la necesidad de una investigación concentrada, con un análisis integrado y global de la operatoria delictiva presuntamente desarrollada por los imputados”, recordó ahora el TOF N°2 en su resolución.
Además, se recordó que Casación ya sostuvo que la "unidad de investigación es necesaria para una mejor administración de Justicia".
En la investigación de la llamada "ruta del dinero K", que estuvo a cargo del juez federal Sebastián Casanello, está procesado por "lavado de activos" y detenido el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros acusados como el financista Leonardo Fariña y el ex dueño de la financiera SGI, Federico Elaskar.
En lo referido a la obra pública en Santa Cruz, el juez federal Juián Ercolini procesó a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros, por el direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública en la provincia al grupo empresario del también acusado Lázaro Báez, "Austral Construcciones".
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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