Un tribunal popular encontró culpables ayer a Yamila Ibáñez (26) y Maximiliano Ortíz (29), quienes tuvieron responsabilidad directa en la muerte del niño Giuliano Ibáñez (2).

La mujer es la madre biológica del bebé, y el hombre es su ex pareja y padrastro de Giuliano. A ambos se los acusó por "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía". Tras el veredicto, el juez los condenó a prisión perpetua.

La sentencia a perpetua contrasta con la postura "garantista" que había sostenido hace unos días el juez Eduardo Martearena en el caso "valija fúnebre".

En un intento por remitirse a la posición que recientemente tuvo el juez Eduardo Martearena –que declaró que la prisión perpetua es “inconstitucional”- los abogados defensores intentaron cuestionar la sentencia. El juez Diego Lusverti desestimó el planteo y ratificó la pena máxima.

En la sala estaban el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé y el Subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. De algún modo, su presencia reforzaba la postura contra Martearena, ya que desde el gobierno se criticó esa posición “garantista”. En el caso Giuliano, en cambio, se ratificó la perpetua y no se hizo lugar a los pedidos de atenuación.

Inocencia destruida

 

El 27 de noviembre de 2017, Yamila Ibáñez llegó al hospital Notti con su hijo en muy mal estado, diciendo que “había sufrido un accidente doméstico”. El cuerpo del chiquito mostraba signos de maltrato sostenido y tenía la columna fracturada.

La madre dijo que había sido un "accidente doméstico". Cuando las pruebas la desmintieron, acusó a su pareja.

Los médicos constataron que el niño había sido golpeado durante mucho tiempo, y que su columna de había fracturado a causa de un impacto contundente y no por un “accidente”. Los hechos habrían ocurrido en una casa de la calle San Martín, de Carrodilla (Luján).

Cuando la situación de Yamila empezó a complicarse, comenzó a acusar a quien entonces era su pareja. 

Ante la acumulación de pruebas, quedaron detenidos la mamá y Maximiliano Ortiz, el padrastro de Giuliano . Ya en el juicio, los dos acusados se echaron la culpa entre sí y subrayaron que “no existían evidencias” que demostraran que era uno o el otro el que había rematado al bebé.

La defensa de la mujer añadió que Yamila había sido víctima de violencia de género y que no había hecho la denuncia por maltratos porque estaba en una situación de vulnerabilidad.

Sin embargo el jurado popular los encontró culpables a los dos, en concordancia con la postura que había sostenido el fiscal Fernando Guzzo. En la sentencia se entendió que, tanto por acción como por omisión, ambas personas fueron copartícipes del delito y en consecuencia corresponde la condena a prisión perpetua.