Monteoliva también respaldó el proceso de desocupación de la cárcel de Devoto para trasladar detenidos a Marcos Paz.

Baja de la edad de imputabilidad: la ministra de Seguridad pidió "seguir construyendo cárceles"
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Las autoridades regionales de Cataluña mantienen el referéndum que se llevará a cabo el 1 de octubre en toda España, a pesar de la negativa del Estado español, que reconoce a la consulta como ilegal. Mientras tanto, cientos de personas pasaron la noche en los centros de votación designados para evitar su clausura.
El presidente Mariano Rajoy manifestó que los gobernantes secesionistas deberán responder ante la Justicia por estas elecciones no autorizadas, y tildó al hecho como una "desobediencia constitucional", al mismo tiempo que les atribuyó a los involucrados "deslealtad institucional".
Por su parte, su par de Cataluña, Carles Puigdemont convocó a los seguidores a votar el domingo y sostuvo que los separatistas han "vencido los miedos, las amenazas, las presiones, las mentiras y las intimidaciones" y a un Estado "autoritario".
En tanto, la policía catalana -conocidos como Mossos d'Esquadra- se presentó en 1300 de los más de 2000 colegios designados por los responsables de la consulta, de los cuales el 12% están ocupados por los separatistas para evitar desalojos o requisas del material que se precisa para llevar adelante la votación. La tarea de la autoridad se basará en comunicar a estas personas que deben abandonar los locales antes de las 6:00 horas.
Si todo resulta como esperado por los separatistas, se estima que 5,34 millones de ciudadanos participarán de la consulta entre las 9 y las 20 horas. El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, aseguró que habrá "alternativas" allí donde las fuerzas de seguridad impidan votar. La certificación de los resultados estará a cargo de un grupo de académicos y profesionales, ya que los integrantes de la Sindicatura Electoral (órgano supervisor de la votación) dimitieron hace unos días para eludir las multas del TC.
El referéndum fue convocado el 6 de septiembre pasado, luego de que el Parlamento regional aprobara la ley que lo regula con el apoyo mayoritario y único de los grupos independentistas. Se trata de Junts pel Sí (JxS, coalición de centroderecha e izquierda republicana que gobierna Cataluña) y los anticapitalistas de la CUP.

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