A través del decreto 907, el gobierno nacional cerró la posibilidad de investigar administrativamente la deuda del Correo Argentino, empresa de la familia Macri.

El decreto en cuestión lleva la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En el mismo se dispone el rechazo del "recurso jerárquico interpuesto por el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas" contra una resolución emitida en el mes de mayo por la Procuración del Tesoro.

A través de esa resolución, los abogados del Estado dieron "por clausurado el sumario administrativo" que se había dispuesto en febrero de 2017 producto de la condonación de la deuda del correo que el Estado había realizado. 

Argumentado “decoro, delicadeza y transparencia”, el presidente Macri se había alejado de la causa excusándose de toda participación, proceso que significó la delegación de las responsabilidades a Michetti.