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El juez Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para el próximo 19 de diciembre y le prohibió la salida del país, en el marco de la causa por importación de autos destinados a diplomáticos extranjeros.
El exfuncionario también autorizó en 2006, cuando era director de la Aduana, el ingreso de un vehículo para un representante taiwanés, por lo que está acusado por el presunto delito de "contrabando agravado".
El juez Amarante valoró el riesgo de fuga en función de una escucha de una conversación telefónica con el exjefe de la AFI, Oscar Parrilli, en la que Echegaray se refería a la posibilidad de interceder ante la Justicia y evitar avances de las causas en su contra, por lo que decidió prohibirle la salida del país.
Según se sospecha, la maniobra consistía en que esos vehículos así como el de otras representaciones se importaran a bajo costo, gracias a las exenciones fiscales de las que gozan los miembros del cuerpo diplomático, para después ser vendidos en el país a precios de mercado.
Echegaray, quien fue Director General de Aduanas entre 2004 y 2008, había autorizado en 2006 el ingreso de un vehículo pese a que Taiwán no contaba con estatus diplomático. Además, en el trámite no intervino el Ministerio de Relaciones Exteriores, como debía suceder.
A principios de este año, el exdirector de la AFIP también había sido citado a indagatoria por el juez federal Sergio Torres por sospechas de sobreprecios en el contrato de limpieza para el edificio central del organismo.
En tanto, el exfuncionario del gobierno kirchnerista está involucrado en la causa por presuntas irregularidades en la compra venta de Ciccone Calcográfica, que tiene al exvicepresidente Amado Boudou como principal implicado y detenido.
En el juicio que comenzó en el marco de esta investigación, el ex jefe de asesores del organismo recaudador de impuestos Rafael Resnick Brenner sostuvo que durante su gestión "no se movía un papel sin que Echegaray lo supiera".
Por otra parte, el financista Leonardo Fariña denunció también que en ese tiempo la AFIP encubrió además al empresario Lázaro Báez, con prisión preventiva por una causa en su contra por supuesto lavado de dinero.
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