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Se trata de un hito en la sanción de la responsabilidad civil con el terrorismo de Estado, por los crímenes cometidos durante la última dictadura. A cuarenta años de los hechos, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó al ex jefe de Manufactura de la empresa Ford Pedro Müller a 10 años de prisión, al ex jefe de Seguridad de la planta Héctor Sibilla, a 12 años, y a Santiago Riveros, ex titular de Institutos Militares del Ejército, a 15 años.
A los tres los encontró penalmente responsables de los delitos de detenciones ilegales y tormentos agravados. A Riveros, además, lo sentenciaron por allanamientos ilegales.
- La "causa Ford", como se conoce a esa red de complicidad entre empresarios, personal jerárquico de la empresa, gobierno militar y miembros del Ejército, probó la participación que tuvieron los civiles en los secuestros y torturas contra obreros de la planta que la multinacional tiene en General Pacheco.
Esta sentencia fue histórica. Tres jueces dijeron que sí, que FORD TAMBIÉN FUE LA DICTADURA.#CausaFord #JuiciosAGenocidas pic.twitter.com/iHJeos57Fd
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) 11 de diciembre de 2018
COMPLICIDAD Y PARTICIPACIÓN EN LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA
Apenas unas horas después del golpe de Estado, ocurrió un hecho clave: la reunión de los directivos de la empresa con la comisión interna. Aquel día se les anunció a los trabajadores, “por momentos en tono jocoso y por otros violento”, que a partir de ese instante ya no sería reconocida esa representación gremial.
Uno de los delegados le preguntó al directivo por qué se interrumpía la relación sindical con la empresa, a lo que el gerente de relaciones industriales, Guillermo Galarraga, respondió que “la empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”. Y agregó: “Amoroso, déle saludos a Camps”. Como el delegado no sabía quién era, el gerente cerró con “Ya se va a enterar”.
El ex ejecutivo no llegó a ser juzgado porque falleció antes del inicio del proceso oral, que se inició en marzo de 2017.
- El 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "la dictadura fue la oportunidad que vieron algunos directivos de empresas para resolver de manera represiva los conflictos laborales y aumentar sus ganancias. Pusieron a disposición de los militares recursos materiales, como autos e instalaciones, dieron listas de personas, y de esa forma pasaron a ser un eslabón más en la estructura del terrorismo de Estado".
Un informe de ese organismo de Derechos Humanos, reveló cómo funcionó esa estructura represiva en la empresa automotriz:
- En el predio de Ford se montó un centro clandestino de detención que funcionó en el espacio del quincho del campo de deportes.
- Confeccionaron un listado de trabajadores que entregaron a las fuerzas represivas para detenerlos.
- Facilitaron legajos personales, fotografías y camionetas para los traslados.
- Muchas de las detenciones se produjeron, además, en el interior de la fábrica, en horario laboral, frente a compañeros y directivos.
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