Luego de casi 27 años desde que se generó la venta del inmueble de La Rural, el Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio en los tribunales de Comodoro Py, que tiene como principales acusados el ex presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.

En la primera audiencia que se llevó adelante este miércoles 6 de junio, Cavallo fue autorizado a retirarse antes por un turno médico, según argumentó, y lo propio hizo Menem al explicar que tenía trabajo en el Senado de la Nación, donde ocupa un cargo por la provincia de La Rioja. 

Si bien el Código Procesal Penal obliga a los 12 imputados a estar presentes durante la lectura de la acusación, indagatorias, alegatos y veredictos, el ex ministro de Economía presentó una medida para no estar presentes en los mismos. Ante esto, los jueces sólo le permitieron ausentarse en la declaración de los testigos.

Además de los mencionados,  en el banquillo están el ex director de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales Gastón Ramón Figueroa Alcorta; el titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Lucas Ordoñez; el ex jefe del Rubro Inmuebles del Subárea Pignoraticio, Ricardo Isidoro Schapiro; el tasador del Rubro Inmuebles, Juan Manuel Insúa; y el entonces jefe técnico del Rubro Inmueble, Raúl Orestes Angelini.

La lista de acusados se completa con el ex jefe de la División Tasaciones del Departamento de Evaluaciones Técnicas Carlos Alberto Ratto; el arquitecto Daniel Ivan Ivakhoff y el agrimensor Jorge Frost; el ex presidente de la SRA Ricardo Agustín de Zavalía y el empresario agropecuario y ex secretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan.

La acusación sobre los acusados consiste en haber vendido un bien de dominio público sin una ley del Congreso, y haberlo hecho por un precio que la Justicia de primera instancia consideró "vil". Puntualmente, la sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares.

Según evaluó la Fiscalía a cargo de Carlos Stornelli, se habría cerrado la transacción en un 25 por ciento menos de su valor, según remarcaron, se fijó en 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, en el año 1991.