Esta mañana se presentó en el Congreso el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto. Respaldado por la firma de 71 diputados, abogan por que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal, segura y gratuita.

En tanto, los legisladores que se oponen a esta iniciativa presentaron su contrapropuesta, liderados por el democristiano Juan Brügge, buscando neutralizar cualquier intento de legalizar el aborto.

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Con 15 firmas, el contraproyecto arribó al recinto pocas horas después de que la proposición surgida de la "Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito" lo hiciera a sala llena.

Encabezados por el miembro del interbloque Argentina Federal, los diputados pro-vida apuntan a resguardar el "derecho a la vida" del "niño por nacer".

Formalmente, la "Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de las Niñas y Niños por Nacer" reúne firmas de distintas bancadas y consta de 19 artículos.

El artículo 1 define "niño por nacer" como "todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento".

Además aclara que "cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros". 

"El niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna", fundamenta el proyecto en el artículo 3.

La única kirchnerista que suscribió el proyecto es la santafesina Silvina Frana, en tanto que por el PRO firmaron la mendocina Stella Maris Huczak, el porteño Jorge Enriquez, el fueguino Carlos Roma y la riojana Karina Molina.

También acompañan con su firma Vanesa Massetani (Frente Renovador), Lucila Lehmann (Coalición Cívica), Graciela Caselles (Partido Bloquista), Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador), Graciela Navarro (Frente Cívico), José "Mellizo" Orellana (Primero Tucumán) y Carla Pitiot (Frente Renovador).

Argumentos

Para hacerle frente a los fundamentos que emplean los pro-abortistas en cuanto al aspecto económico -la imposibilidad de mujeres pobres de acceder a abortos en condiciones seguras-, el contraproyecto propone una suerte de subsidio que iguale un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) durante todo el período de gestación.

En caso de que la mujer decida hacerse cargo de la crianza del niño, se continuaría percibiendo el monto hasta que éste cumpla 18 años. Si decidiera darlo en adopción, la familia sustituta sería beneficiario de este subsidio.

Para embarazos no deseados que no fueran producto de una violación, el proyecto contempla la creación de una "Asignación Universal por Hijo por Nacer", una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual equivalente a la Asignación Universal por Hijo, que se le reconocería a la mujer durante todo el embarazo, en la medida en que "no estuviera empleada, emancipada" o que fuera beneficiaria de algún plan social.

El artículo 7 abreva en la cuestión de las responsabilidades al indicar que se considerará violencia contra la mujer" toda "interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto".