En las últimas horas del jueves 9 de noviembre, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU) que su detención es "arbitraria" y que sufre de una "persecución política". 

Todo esto sucede luego de que el ex funcionario sumara un nuevo procesamiento y prisión preventiva por delitos de administración fraudulenta en la causa de Río Turbio. De acuerdo a la defensa, existe una gran "preocupación por la sistemática vulneración de los derechos fundamentales y la arbitraria privación de su libertad ambulatoria".

En primer lugar, se realizó una petición ante la Comisión Interamericana, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y luego una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se informó oficialmente.

En ambos foros internacionales, se solicitó expresamente que "se adopten todas las medidas necesarias a efectos de que el Estado argentino reencauce dentro de las reglas del debido proceso a todas las investigaciones penales en cuyo marco –sin fundamento alguno- se decidió privar de libertad al diputado De Vido".

"Es, precisamente, frente a la reiterada comprobación de que es la arbitrariedad jurisdiccional al servicio de la persecución política y no la legislación sustantiva y procedimental la base sobre la cual se arriba a las resoluciones judiciales, que consideramos que la situación ha adquirido una gravedad institucional que amerita acudir a los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos", advirtieron Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

Y agregaron que, "más allá de haberse cercenado radicalmente y sin justificación los derechos básicos" de De Vido, esa situación "reviste entidad suficiente para poner en serio riesgo de subsistencia la institucionalidad de la República".

"Asimismo, no podemos dejar de mencionar que en el ámbito interno, al menos actualmente, resulta absolutamente improbable mantener la esperanza de que se vuelva a respetar –sin importar quién sea el acusado- el principio constitucional de inocencia, el derecho de defensa en juicio, la garantía de imparcialidad del Juzgador, en fin: el debido proceso legal", señalaron.