Una de las medidas de emergencia que tomo el flamante gobierno de Alberto Fernández tiene que ver con desincentivar que se despidan empleados, al menos en el primer semestre de gestión, mientras se conforman los espacios necesarios para generar un acuerdo entre empresarios, estado y trabajadores.

En este sentido, declaró la "emergencia pública en materia ocupacional" por 180 días para "detener el agravamiento de la crisis laboral". En concreto lo que se estableció es que en caso de despidos sin justifiación que se produzcan en el primer semestre de gobierno deben pagar una doble indemnización. 

¿Qué es la doble indemnización? 

Cuando se despide a un empleado sin causa, se le debe pagar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de tres meses, considerando la mejor remuneración del último año. 

Este decreto lo que hace es multiplicar por dos esta indemnización para el caso de trabajadores que hayan sido contratados antes de la implementación de esta medida. 

¿Es para todos y todas? 

Como todo derecho laboral se evidencia en el segmento de trabajo registrado (pagan aportes jubilatorios y tienen obra social). Además de que es para trabajadores en relación de dependencia.

A su vez, como dijimos en el punto anterior, y "con los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo, resulta pertinente disponer que el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia".

¿Por qué se toma la medida? 

En la justificación del decreto se hace mención a que, según el Indec, en el segundo trimestre de 2019, hubo una tasa de desempleo del 10,6% habiendo subido un punto porcentual en comparación con el mismo trimestre de 2018. De esta manera, son 139 mil trabajadores y trabajadoras más que buscan activamente un trabajo y no lo consiguen.  

En este sentido, lo que se busca es garantizar las fuentes de trabajo ya existentes o al menos desmotivar el achicamiento de la planta de empleados y empleadas encareciendo el costo de despedir trabajadores. El hecho de que no se incluya a quienes sean contratados desde ahora tiene por objetivo evitar que esta medida sirva de excusa para no contratar personal, en el mismo sentido se piensa la política con fecha de vencimiento en mayo de 2020.