La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) cuestionó la creación de una Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dispuesta por el Ministerio de Serguridad de la Nación.

Correpi afirmó en un comunicado que la resolución se suma “al nuevo protocolo que permite a los policías federales, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto y la implementación de las Taser, pistolas de descarga eléctrica”. 

El Ministerio a cargo de Patricia Bullrich, dispuso esta semana la creación de una Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, que funcionará bajo el ámbito de la Dirección de Violencia Institucional de esa cartera.

Según se detallaron voceros de Seguridad, uno de los objetivos de esta nueva dependencia es "contribuir con acciones e iniciativas" tendientes a "ampliar y garantizar la efectiva protección de los derechos humanos de los efectivos".

Para la Correpi, la implementación de esas normas "es una posición política fundada en una ideología reaccionaria, que al no poder negar la categoría universalmente reconocida, la tergiversa para vaciarla de contenido, al tiempo que la usa como herramienta de su propaganda".

"Hace algo más de 20 años los especialistas trataban de explicar una inexplicable reelección con la idea del ‘voto licuadora’ o ‘voto cuota’, en tanto que hoy se debe impedir el ‘voto bala’", indicó la organización.

En otro tramo del comunicado, sostienen que "desde luego que cualquier persona puede ser víctima de una violación a los derechos humanos, porque son los victimarios quienes eligen a sus víctimas según las necesidades de la etapa".

Y sigue: "Claro que puede ser un par uniformado, como lo prueba la cantidad nada despreciable de casos de gatillo fácil "intrafuerza" (es decir, en los que, pese a ser fusilamientos ya que la víctima estaba indefensa, ella y el victimario pertenecían a alguna fuerza) que registramos en nuestro Archivo de Casos. "Los delitos de los particulares ajenos al amparo estatal son eso, delitos individuales, no crímenes de estado".