La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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El Congreso se prepara para un fin de año agitado: se prevén sesiones extraordinarias en el recinto que incluso se llevarán a cabo entre Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de tratar la agenda de reformas económicas que pretende implementar el Gobierno.
A partir del lunes 30 de octubre, el presidente Mauricio Macri comenzará a recibir a los gobernadores para abrir la negociación sobre el Presupuesto 2018 y la reforma fiscal y tributaria, que deberán pasar por el Congreso una vez que haya un acuerdo.
De acuerdo a dichos de diputados oficialistas, se espera que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, dado que el año parlamentario vence el último día de noviembre y que estos temas difícilmente puedan empezar a ser discutidos antes del 10 de diciembre.
Si bien el Presupuesto 2018 ingresó a la Cámara baja en septiembre, los dirigentes provinciales buscan una negociación en la que se pongan sobre la mesa todos los temas, incluido el reclamo de Buenos Aires sobre el Fondo del Conurbano, que obligaría a reorganizar la coparticipación de impuestos. Por esa razón, el cálculo de gastos e ingresos para el año próximo todavía no se trató y no se tratará hasta que no exista un acuerdo general.
El tratamiento de todos esos temas empezará en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado avanzará en primer lugar con la Ley de Responsabilidad Fiscal que apunta a que cada jurisdicción ejerza un mayor control sobre el gasto público.
Éste punto es el único que ya está acordado entre la Nación y las Provincias pero los gobernadores no enviarán su apoyo a los senadores para su aprobación hasta que no estén acordado el nuevo modelo impositivo.
Una vez sancionado ese paquete, el Gobierno impulsará una ley de blanqueo laboral que consistirá a grandes rasgos en perdonar deudas a los empleadores y reconocerle aportes a los empleados, como incentivo. Según trascendió, el objetivo de máxima es lograr el blanqueo de entre 500 mil y un millón de trabajadores.
Si esa agenda es aprobada por la Cámara baja entre el 10 y el 31 de diciembre, el Senado comenzaría a debatirlo recién en febrero, aunque en ambas Cámaras confían en que, una vez cerrado el acuerdo con los gobernadores el trámite parlamentario podría acelerarse. En el oficialismo estiman que en un mes, el acuerdo debería estar sellado.
Antes del 10 de diciembre la Cámara de Diputados tendrá como máximo 3 sesiones para tratar proyectos de ley que están pendientes de aprobación como el de Responsabilidad Penal Empresaria y el de tierras indígenas, ambos ya sancionados por el Senado y a la espera de convertirse en ley.
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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