Primero fue el desconcierto e inmediatamente después la desesperación. Gimena Ristuccia leyó la nota escrita por su madre y no supo qué hacer. El mensaje, escrito a mano y a las apuradas, fue escueto pero contundente: "Me llevan detenida e incomunicada, la verdad no entiendo nada, me quedé sin nada, es muy triste".

Esposada, sin comer ni tomar agua, Laura Arrieta fue detenida, primero en el edificio Centinela, en Retiro, pero después de unas horas personal de la Gendarmería la trasladó a la provincia de Corrientes, a más de mil kilómetros de su casa y su gestoría, ubicada en la Avenida Eva Perón al 500 de Temperley.

En la madrugada del 10 de abril de 2018, la gestora y productora de seguros con más de una década de trabajo en la zona sur del Conurbano, recibió un llamado de los gendarmes para que se presentará urgente en su oficina. Si no lo hacía le advirtieron que ingresarían por la fuerza al local, tirando la puerta abajo, para cumplir con una orden de allanamiento.

La mujer, de 46 años, supo después que todo era a partir de una causa por narcotráfico en la que estaba imputada por infracción a la ley 23.737 de Comercialización de estupefacientes. Esa investigación se había iniciado un año antes, tras el secuestro de un cargamento de 3543 kilos de marihuana que eran transportados en un camión que fue detenido en la ruta 12, a la altura de la localidad correntina de Villa Olivari.

"Me enteré que estaba en Corrientes después de viajar más de doce horas. Nunca antes había estado en ese lugar. No entendía nada; me nombraban personas a las que no conocía, situaciones que lejos estaban de mi vida", cuenta a Filo.News Laura Arrieta.

Hay un dato que no es menor: desde la fecha de secuestro de aquel camión hasta marzo de 2018, la gestora no aparecía en la causa judicial. Eso coincide con datos de Gendarmería, que no lograba hallar vínculos entre Arrieta y el resto de los involucrados en la investigación.

Entonces, ¿cómo fue que llegó a ser acusada como "organizadora" de una banda de narcotraficantes?

El juez de Instrucción Juan Carlos Vallejos detectó dos llamados de la mujer con uno de sus clientes, quien requirió sus servicios de gestoría para obtener un R.U.T.A (Registro único del transporte automotor). Eso hizo presumir al magistrado correntino que la profesional sabía que el fin de ese hombre sería cometer actos ilícitos con el camión.

Ante ello, la defensa de Arrieta, alegó que "esa habilitación para que un camión de carga pueda circular lo otorga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte" y que la gestora "fue una simple intermediaria". Es más -insistió el letrado- la documentación para la obtención para la obtención del R.U.T.A la puede llevar cualquier persona al organismo en cuestión”.

Fueron recurrentes los pedidos de excarcelación, pero la justicia correntina no hizo lugar.

Con el correr de los meses apareció un elemento clave que tendría que haber generado la libertad inmediata de la gestora: el camión al que ella le realizó el trámite R.U.T.A no circuló nunca, sino que fue otro el vehículo que transportó la droga. Pero Arrieta siguió presa.

El derrotero de Arrieta en la cárcel

Tras unas horas en el edificio de Gendarmería en el barrio de Retiro, Arrieta fue llevada a un escuadrón correntino en el que estuvo tres días, siempre esposada y durmiendo en un colchón en el piso hasta que la trasladaron a Paso de los Libres, en la frontera con Brasil, donde permaneció cuatro meses.

Allí pasó los peores meses de su vida: el trato de los gendarmes y de los hombres detenidos en una celda contigua fue muy denigrante y llegó a bajar 20 kilos de peso.

“Luchamos junto con los abogados para conseguir su traslado al Instituto Pelletier en Corrientes (la cárcel de mujeres) hasta qué después de varios reclamos lo conseguimos. En ese lugar el trato fue distinto y allí estuvo hasta fines de marzo de este año, donde de todas maneras masticó mucha injusticia”, relata Gimena, la hija de Laura, quien estuvo al frente del pedido de libertad de su madre, recorriendo los tribunales de Corrientes, organismos de derechos humanos y medios de comunicación para que el caso sea conocido.

A menos de un mes de haber sido excarcelada por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, cuando se les consulta a quiénes responsabilizan por la injusta detención, Arrieta y su hija apuntan contra los funcionarios judiciales.

“En primer lugar al juez Juan Carlos Vallejos y al fiscal Flavio Ferrini, por la inoperancia y la impunidad con que llevaron adelante la causa y la dilación en sus decisiones. Habiendo una persona en situación de encierro y con principio de inocencia se deben respetar los plazos legales”.

Destacan la actuación del fiscal Carlos Schaefer, ya que aseguran que "fue el único qué pidió el expediente completo para opinar sobre la excarcelación" tras advertir varias inconsistencias en el expediente.

La investigación judicial por la que Arrieta fue detenida sigue en curso. Y ella, así como su familia y su abogado, esperan que sea absuelta en un juicio oral, porque "porque es inocente y siempre actuó a derecho".

Desde hace unas semanas, Laura intenta retomar su vida familiar y profesional con el sabor amargo de una justicia que por error -en el mejor de los escenarios- o por negligencia, le hizo perder un año de libertad. Un caso grave de injusticia que no debe repetirse.