El gobierno comunicó este lunes que comenzará a exigirle a los beneficiarios de los planes sociales que terminen sus estudios, al mismo tiempo que aumentará los controles de quienes reciban dicho beneficio. 

Tras conocerse la medida, referentes de organizaciones sociales y trabajadores informales denunciaron por su parte que el Gobierno quiere desarmar "los movimientos sociales" y no se ocupa de "generar empleo".

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, fue la vocera de la decisión y explicó que "más del 60 por ciento de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, por lo que nos pareció importante poder acompañarlos en este proceso".

La funcionaria consideró que "la educación y el trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de pobreza y vulnerabilidad". 

Además, en declaraciones a radio Mitre señaló que "cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria". 

Asímismo, explicó que la idea fue charlada con las organizaciones sociales y trabajarán "caso por caso" para no volver a cometer errores. 

Stanley se refirió puntualmente al rediseño de los programas Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Desde el Barrio, que ahora se denominan Hacemos Futuro.

El Gobierno informó que de los 261.805 titulares actuales, el 62,5% (163.842) pertenece al plan de cooperativas Argentina Trabaja; el 30.5% corresponden a Ellas Hacen (80.389); y el 7% (17.574) a Desde el Barrio.