La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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Luego de varios cruces que involucraron a la Corte Suprema de Justicia y al gobierno nacional, el ministro de Justicia, Germán Garavano y el jefe de gabinete, Marcos Peña se reunieron con los jueces del máximo tribunal para avanzar con un proceso de "reformas hacia el interior" del Poder Judicial.
La idea de este proyecto consensuado entre ambos poderes es acelerar los procesos para que se llegue antes al juicio oral y extender el horario de atención en los Juzgados, entre otros puntos.
Por parte de la Corte estuvieron presentes cuatro de los cinco jueces, siendo Elena Higthon de Nolasco la única ausente.
En las escalinatas del palacio y tras el encuentro, que se extendió por una hora y media, Garavano confirmó que será la Corte la que "va a liderar" el proceso de reformas, aunque se realizarán "reuniones mensuales" entre ambos poderes para avanzar en la letra fina de las iniciativas.
Sobre los últimos desencuentros entre el presidente del Tribunal, Gustavo Lorenzetti y personas del gobierno lo minimizó y resaltó que "hay una relación institucional madura", más allá de que pueda haber por parte del Gobierno "desacuerdo con algún fallo o acordada" emitida por ese cuerpo.
Pareció referirse así a la reciente acordada del máximo tribunal que inhabilitó al nuevo Tribunal Oral Federal 9, cuya creación había sido impulsada por la Casa Rosada y que tenía previsto avanzar en un "megajuicio" contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario patagónico Lázaro Báez.
Sobre los cambios para que los jueces y empleados judiciales comiencen a pagar el Impuesto a las Ganancias, destacó que "los nuevos jueces y empleados" del sector ya están tributando.
El encuentro se produjo además en medio del malestar en la Corte por el pedido de juicio político que finalmente la diputada Elisa Carrió amplió este lunes contra el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.
En ese contexto, Garavano intentó poner paños fríos y remarcó que "es una decisión de la diputada y será el Congreso el que analice".
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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