Desde hace algunos meses Francia se encuentra en la mira de críticas y aplausos por su rigor a la hora de administrar la campaña de vacunación contra el COVID-19.

Primero fueron las protestas por el pase sanitario y, ahora, el país se encuentra siendo foco de polémicas tras la oficialización del Parlamento francés de la vacunación obligatoria para todas aquellas personas que trabajan en el sector sanitario.

De acuerdo a lo informado por las autoridades del país galo, los trabajadores tenían hasta el día de ayer para comenzar su esquema de vacunación ya que, de lo contrario, se deberían enfrentar a una suspensión.

"Tiene como objetivo una cosa: proteger los hospitales, proteger a los trabajadores de la salud, proteger a nuestra frágil población", fueron las palabras del portavoz del Gobierno Gabriel Attal acerca de la medida el miércoles pasado. "No estamos estigmatizando a nadie. Estamos haciendo que todos asuman la responsabilidad".

De acuerdo a lo informado por el funcionario, más del 90% de los trabajadores de la salud franceses están vacunados y las encuestas sugieren que la mayoría de las personas apoyan la medida de la vacunación obligatoria para el personal médico.

Sin embargo, Attal aseguró el pasado martes que unos 300.000 trabajadores sanitarios seguían sin comenzar su esquema de vacunación. Por su parte, se dio a conocer que las empresas y los empleadores que no verifiquen el estado de vacunación de su personal deberán pagar una multa de 135 euros que puede aumentar a 3.750 euros si es que se encuentran repetidas irregularidades.