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Actualidad -
El ex canciller Héctor Timerman pidió prestar declaración indagatoria en su domicilio por su estado de salud en la previa al comienzo del juicio por la firma del Memorándum con Irán, en la cual está imputado junto a la ex presidente Cristina Kirchner.
Además, el ex funcionario solicitó testigos como Julio De Vido, los iraníes que convalidaron el tratado y el ex jefe de Interpol Ronald Noble.
Su abogado Alejandro Rúa pidió: "Solicitamos que esa presidencia disponga constituirse en el domicilio de Héctor Timerman junto con el fiscal, para recibir su declaración antes del debate".
Recordemos que Timerman fue excarcelado y autorizado a viajar a Estados Unidos para atender su enfermedad, y ahora está a la espera del juicio junto a los demás imputados: la ex presidente Kirchner, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado; el líder de Quebracho Fernando Esteche; el dirigente Luis D´Elía; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; su entonces segundo Juan Martín Mena; la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, y el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.
En su pedido, Timerman solicitó la declaración de varios testigos, entre ellos a Rafael Bielsa, a Julio De Vido, a Richardo Echegaray, a Jorge Taiana, a Susana Ruiz Cerrutti, a Miguel Ángel Pichetto, a Daniel Filmus, a Federico Pinedo, a Agustín Rossi, a los jueces Daniel Rafecas y Rodolfo Canicoba Corral, y al entonces secretario general de Interpol Robert Noble.
Además, requirió la presencia de los funcionarios iraníes que participaron de la firma del Memorándum con Irán: Emmanuel Alvarez Agis, entonces Alí Akbar Salehi, por entonces Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán; Mohsen Baharvand, jefe de la delegación y del equipo de consejeros legales y políticos de la cancillería iraní; y Reza Zabib, Director General iraní para Asuntos Americanos de esa Cancillería.
La causa se originó el 14 de enero de 2015 tras la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien cuatro días después apareció sin vida en su departamento de Puerto Madero y cuya muerte sigue bajo investigación.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó el caso y finalmente fue apartado. Luego fue impulsado por su par Ariel Lijo, aunque el expediente finalmente cayó en manos de Claudio Bonadio por un expediente conexo que este tenía por supuesta traición a la patria por la firma del Memorándun con Irán.
"A los acusados se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina", sostuvo Bonadio, quien elevó el caso al juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 8.
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