En la jornada de hoy la autoproclamada Presidenta boliviana, Jeanine Áñez, derogó el Decreto Supremo 4078 que eximía a las Fuerzas Armadas (FFAA) de responsabilidad penal en operativos de “restablecimiento del orden interno”, así como bajo la carátula de “legítima defensa o estado de necesidad”. 

La Resolución había sido oficializada el viernes 15 de noviembre, tres días después de que la senadora hubiera asumido la Presidencia. El argumento desde el Ejecutivo fue el dar respuesta al escenario social transitado desde el 20 de octubre, cuando tuvieron lugar las anuladas elecciones generales. 

Entonces, bajo esta misma lógica, en las últimas horas sostuvo que “esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores hemos logrado la ansiada pacificación”.

Vale recordar que ese viernes 15, cuando la norma fue oficializada, se registró una fuerte represión en el municipio de Sacaba, en el puente Huayllani, por donde los cocacoleros de la zona pretendían transitar para dirigirse a la ciudad de Cochabamba. 

Ese escenario significó un total de nueve muertos y más de 100 heridos, según la Defensoría del Pueblo, organismo que ya confirmó un acumulado de 34 muertos y 832 heridos. 

En simultáneo a esta medida, otros dos proyectos. Por un lado se consensuó  la denominada Ley de Pacificación, la cual busca garantizar que no haya persecuciones políticas. Por el otro, la Policía Boliviana lanzó el plan nacional de seguridad “Todos por Bolivia”, mediante el cual desplegarán 20.000 agentes en todo el país.