El lunes 18 comenzó el debate por la reforma previsional que duró 12 horas hasta que se sancionó en la mañana del martes 19. Durante esta larga jornada, en los alrededores al Congreso, ocurrieron disturbios. Múltiples organizaciones sociales marcharon contra la medida.

Algunos grupos violentos se enfrentaron con la Policía. Cascotes, botellas, gases lacrimógenos y balas de goma fueron parte de la batalla campal que se vivió durante la sesión de diputados.

El enfrentamiento dejó 141 heridos según el SAME: entre 50 y 60 civiles, y el resto oficiales policiales. Hubo alrededor de 70 detenidos que ya fueron liberados, pero los destrozos en la zona del Congreso siguen a la vista de todos.

Desde la Procuración General de la ciudad, el procurador general Gabriel Astarloa, aseguró en Radio Continental: "En este entendimiento conociendo que ya hay un juzgado que está interviniendo en estos hechos, que es el juzgado federal a cargo del doctor Sergio Torres, vamos a utilizar la vía que la ley procesal nos permite, que es el de ser querellante".

Aclaró que la ley permite a las víctimas que han sufrido daños (en este caso la Ciudad de Buenos Aires) pueden presentarse como querellante. Por eso se impulsará la identificación y condena para quienes hayan sido responsables de esos delitos. En esta situación, el delito sería daño agravado y la pena varía entre tres meses y cuatro años de prisión.

Están analizando desde la Procuración de la Ciudad, la posibilidad de iniciar acciones civiles por el resarcimiento de los daños realizados en las manifestaciones.

"El delito sería daño agravado y la pena varía entre tres meses y cuatro años de prisión", aseguró el procurador

"Tenemos una primera estimación que sumaría alrededor de 24 millones de pesos el monto de lo que es necesario para reparar todos los daños causados" dijo Astarloa. 

"En cualquier caso lo que nos parece importante es el ejercicio de la ley. Desde todos los ámbitos tenemos que promover y luchar para que la violencia no sea incorporada en nuestras prácticas políticas y sociales como un hecho natural", apuntó el procurador.