La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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En la tarde del miércoles se confirmó la condena en primera instancia de 9 años y medio de prisión para el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por el delito de corrupción y lavado de dinero, en una causa relacionada con Petrobras.
El ex mandatario, que anunció que podría volver a presentarse como candidato en las elecciones de 2018, se enfrenta también a otras cuatro causas judiciales, entre las que se destacan dos que lo relacionan con la corrupción en la empresa Odebrecht.
En una de las investigaciones a cargo del juez Sérgio Moro -el mismo que lo condenó-, Lula es acusado de haber recibido 12 millones de reales de Petrobras para comprar un terreno destinado a la construcción del Instituto Lula.
Finalmente, la transferencia no fue realizada, pero según la Fiscalía el delito se consuma tras la aceptación del soborno. Además, la denuncia afirma que Odebrecht habría pagado un departamento como soborno para Lula.
Otro de los casos vincula al ex Jefe de Estado con el delito de obstrucción de la Justicia: lo denunciaron por haber pagado para que Néstor Cerveró, exdirector de Petrobras, no hablara ante la Justicia sobre el funcionamiento del sistema de sobornos en la petrolera.
El tercer caso se trata de tráfico de influencias, en el que Lula estaría involucrado en la liberación de préstamos del Banco Nacional de Desenvolvimento del Brasil y la contratación en Odebrecht de su sobrino,Taiguara Rodrigues Dos Santos.
La última causa relaciona a Lula con la influencia para la compra de aviones de combate de la empresa Saab y la prórroga de incentivos fiscales para automotores, por los que el hijo del ex Presidente, Luis Claudio, habría recibido 2,5 millones de reales.
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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