Este lunes el presidente Mauricio Macri mantendrá una reunión con distintos sindicalistas, empresarios, gobernadores y miembros de la Corte Suprema, en la que comunicará cuáles son las reformas que buscará implementar el Gobierno en los próximos dos años.

Dentro de los cambios planeados, la reforma jubilatoria en principio buscaría disminuir los aumentos de los haberes y que se actualicen de acuerdo a la inflación, que según lo previsto para el año que viene sería del 10%. 

El Presupuesto 2018 prevé un desembolso de $1.210.813 millones en concepto de jubilaciones y pensiones no contributivas, pero si se actualizan estos haberes según la inflación los pagos serían de $118.668 millones menos en jubilaciones y prestaciones sociales a lo contemplado por la Ley de Movilidad Jubilatoria que fue sancionada en 2009. 

Además, el Gobierno buscará fomentar el blanqueo laboral, eliminar aportes patronales para los salarios menores a $10.000, extender la licencia para padres recientes y otorgar la posibilidad de un mes al año sin goce de sueldo.

En cuanto a los servicios, se prevé un aumento en las tarifas de luz y gas en un 35% y dos subas del 20% para el 2018. El transporte público tendrá un aumento gradual mes a mes, que podría duplicarlo a fin de año.

También, se le cobrara IVA a servicios de empresas no radicadas en el país y se buscará sancionar la ley de Responsabilidad Fiscal que el Gobierno logró acordar con las provincias, a excepción de San Luis y La Pampa.

El proyecto establece que el nivel de gastos provinciales no podrá superar la inflación, la incorporación de empleados públicos deberá estar atada al crecimiento vegetativo de la población y que las provincias tendrán que mantener constante el gasto primario en términos reales y el gasto total en el caso de las deficitarias