El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó este martes el "cese de la prisión preventiva" del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar "Caballo" Suárez, en el marco del juicio que se le sigue por "asociación ilícita" e "interrupción de vías navegables". Estaba preso desde septiembre de 2016.

La medida había sido solicitada por la defensa del sindicalista, que permanecía hasta ahora con prisión domiciliaria, invocando las nuevas normas que instan a los magistrados a optar por medidas menos lesivas para la libertad de las personas cuando fuere posible.

"La reciente implementación de una previsión que regula con mayor rigor el principio constitucional de necesidad de las medidas de coerción, superando el esquema casi binario de libertad provisional o prisión preventiva que rigió hasta hace poco, impone dilucidar si este progreso en el debate debe verse reflejado en una sustitución de las medidas de coerción adecuadas para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva", sostuvieron los jueces del TOF 4.

Suárez deberá someterse, de todas formas, a la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de "GPS", al que se le fijará un radio de 100 kilómetros a la redonda de su lugar de residencia, y comunicar cualquier cambio de domicilio o circunstancia por la que deba ausentarse de éste por más de 24 horas.

Además, tendrá que presentarse dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes ante el TOF 4 y tendrá prohibida la salida del país.

Los jueces destacaron, en su fallo, que Suárez se ha presentado y asiste regularmente al juicio oral y público en curso, como también que en febrero ingresará en la etapa de producción de prueba testimonial.

El ex hombre fuerte del SOMU está acusado de ser el jefe de "una asociación destinada a la comisión de indeterminados hechos delictivos" en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (en adelante SOMU) y la Obra Social del Personal Marítimo (de aquí en más OSPM).

Se le imputó a Suárez "una maniobra delictiva consistente en exigirle ilegítimamente a distintas empresas del sector naviero, en concepto de 'donaciones' o 'liberalidades', sumas dinerarias presuntamente destinadas a capacitar a los marineros afiliados al SOMU en la escuela 'Omar Rupp' perteneciente al Sindicato, para que adquieran las condiciones necesarias a los fines de embarcar tales buques extranjeros".

El dinero se exigía "a cambio de no bloquear el ingreso de las embarcaciones a los puertos de nuestro país, mediante la negativa del servicio de remolque al ordenarle al personal del SOMU que no aten cabos para la maniobra", según se indica en el expediente.