El caso ocurrió en Las Heras y es investigado por la fiscalía de Homicidios, mientras avanzan las causas abiertas en Olivos y Corrientes.

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Luego de que el Senado de la Nación aprobó por una unanimidad el pedido de allanamiento a los domicilios de Cristina Kirchner, el juez federal Claudio Bonadío los llevó a cabo: fue allanada la casa que la ex presidenta tiene en Río Gallegos y su departamento de Recoleta, en un operativo que se extendió por 13 horas y finalizó cerca de la una de la madrugada.
Investigada en el marco de la causa de "los cuadernos de las coimas", mientras allanaban su departamento, la actual senadora se refugió durante todo el día en el Instituto Patria junto con dirigentes cercanos y de organismos de derechos humanos. Entrada la noche, Cristina decidió quedarse una vez más la noche en la casa de su hija Florencia, en el barrio de San Cristóbal.
Todo comenzó a las 12.05 de este jueves 23, cuando efectivos de la Policía Federal ingresaron al departamento ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en Recoleta. Desde ese momento, y con el correr de la tarde, varios militantes se acercaron a la puerta del domicilio para mostrarle su apoyo a la ex mandataria, en medio de un fuerte operativo policial.
Quien se encargó de abrir la puerta de la propiedad de Kirchner fue el abogado de la senadora, Carlos Beraldi, pero pocos minutos después debió retirarse por orden de Bonadio.
"El juez dio la instrucción directa para sacarme del domicilio y hacer lo que les parezca. Están ellos solos para hacer cualquier tipo de ilegalidad", denunció el letrado, que pedirá la nulidad de los procedimientos y solicitará al Consejo de la Magistratura el juicio político del magistrado por mal desempeño en sus funciones.
Por otro lado, según informaron fuentes judiciales, la inspección en la vivienda de El Calafate se realizará hoy viernes 24 de agosto.

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Se trata del bloque de artículos que contemplaba la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad. El Presupuesto sería debatido el próximo viernes en el recinto.
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El oficialismo incluyó la derogación de la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad dentro del dictamen de Presupuesto 2026 y generó la baja de un capítulo clave para mantener el equilibrio fiscal.
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