El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cumple un mes de prisión por una condena de 12 años y un mes por presunta corrupción, en medio de un convulsionado clima social provocado por su detención y con el ojo puesto en la Corte Suprema, que esta semana puede liberarlo.

En tanto, el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y sus principales dirigentes, como la ex presidenta Dilma Rousseff, aseguran que el ex mandatario es un "preso político" y que será, pese a estar detenido, su candidato a las elecciones del 7 de octubre (las encuestas le otorgan un 31% de intención de voto contra el 15 del segundo favorito, el ultraderechista ex capitán del Ejército Jair Bolsonaro).

Lula, favorito en todas las encuestas para las elecciones de octubre, fue condenado por supuestamente haber recibido un departamento en el popular balneario Guarujá como soborno de la constructora OAS.

Sin embargo, ninguna prueba pudo vincular al ex mandatario efectivamente con el departamento. Eso no impidió que el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirmara una condena de primera instancia y elevara la pena a 12 años y un mes de prisión.

En tanto, la Central Única de Trabajadores prepara para hoy diversos actos en todo el país, pero con el foco puesto en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo donde Lula estuvo recluido dos días rodeado de miles de simpatizantes antes de presentarse, tras la orden de prisión del juez Sérgio Moro.

"Será una jornada de lucha contra una prisión política e injusta. Será una fecha del movimiento Lula Libre. Lula es el único líder que siendo candidato puede revertir la ley laboral modificada por este gobierno de Michel Temer", dijo el secretario general de la CUT, Sergio Nobre.

Un acampe que diariamente le grita "Buenos días" al ex presidente se transformó en la principal imagen de la "resistencia" del PT a la Operación Lava Jato conducida por Moro.

La Sala II de la Corte Suprema tiene plazo hasta el 10 de mayo para decidir si el juez Moro anticipó el procedimiento de detención de Lula. Cuatro de los cincos magistrados supremos de la Sala II están a favor de declarar inconstitucional la jurisprudencia de 2016 que afecta a Lula y que permite la detención de un condenado en dos instancias.

La Constitución dice que sólo puede ser privado de libertad un condenado que agotó todas las instancias. El voto de este recurso es electrónico y puede ser hecho hasta antes del jueves.