El presidente Mauricio Macri tiene previsto recibir el lunes a representantes de firmas líderes de alimentos y bebidas que integran la nueva lista de precios congelados, ahora llamados "esenciales".

Antes de ese encuentro, algunos dirigentes industriales plantearon objeciones contra la nueva norma sobre Lealtad Comercial, cuya reglamentación salió por decreto en lugar ser enviada para el debate en el Congreso.

"Eso es meterse en el comercio entre privados; es de lo que menos me gusta", advirtió el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo.

Según el dirigente, a la norma "le falta el diálogo con el sector privado, esto no se ha hecho". Criticó, además, que la medida incluya contraposiciones con otras normas, y está regulando las relaciones comerciales entre privados sin posición dominante.

El sector empresarial también mostró preocupación porque las multas previstas son "altísimas" -llegan hasta los $ 10 millones- y "con gran poder de discreción, el producido de las multas entran al presupuesto del órgano administrativo que las aplica, por lo que los incentivos y el poder puestos en la administración son muy preocupantes".

La reglamentación duplica las sanciones sobre conductas que, según el sector privado, ya están incluidas en la Ley de Defensa de la Competencia. También penaliza "actos de confusión" sobre el origen empresarial de la actividad; "abuso de situación de dependencia económica", o explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora.

También objeta la "obtención indebida de condiciones comerciales"; "venta por debajo del costo"; "explotación indebida de la reputación ajena"; "actos de imitación desleal y denigración" y "violación de secretos".

Además, la iniciativa prohíbe la "publicidad engañosa", define los límites de la "comparativa" y fija los "requisitos para la identificación de productos".

Desde el Gobierno insisten con que la nueva norma sobre Lealtad Comercial busca "evitar abusos de posiciones dominantes o posibles acciones monopólicas de grandes empresas". Y desde ahora, la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Ignacio Werner, tendrá  "mayores facultades para sancionar conductas desleales o anticompetitivas, con el objetivo de proteger a consumidores, pequeños comercios y pymes".