El Juzgado Nacional en lo Comercial 5 desplazó a los administradores del grupo Indalo, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por "irregularidades" en la gestión y en su lugar designó a los coadministradores Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi como interventores plenos.

La medida fue tomada por el juez comercial subrogante Javier Cosentino al detectar "irregularidades en torno a algunas contrataciones, que en principio se tratarían tales contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia, que no se compadecen con la situación de la empresa y que no la benefician".

En su resolución aclaró que se "verificaron la existencia de una serie de contratos por servicios profesionales externos prestados en beneficio de terceros (ex directores y otras sociedades del grupo) cuyos honorarios fueron afrontados por Oil Combustibles (OCSA), además de que en algunos casos no fue posible determinar si efectivamente fue prestado el servicio".

Cosentino admitió que "no se desconoce el esfuerzo realizado por los señores Rosner y Dellatorre con la finalidad de allegar distintas propuestas para enmendar la crítica coyuntura, pero ninguna en concreto se ha efectivizado y la situación de caos generalizado se ha tornado evidente".

El Grupo Ceibo, que sería la continuidad de Indalo, cuyo CEO es el recientemente desplazado Rosner, difundió un comunicado a través del cual aseguró que en los próximos días presentará la propuesta "de un importante grupo inversor que será crucial para resolver la agobiante crisis de suministro de combustibles y para poner en marcha nuevamente la refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo".

El juez determinó que "la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso llevan al Tribunal a adoptar la extrema medida de separación de la administración prevista en la ley de concursos, con la finalidad de preservar a la empresa concursada con todo lo que ello implica".

Por su parte, el Grupo Ceibo marcó la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia que presentaron, "más cuando la AFIP también rechaza toda solución presentada por OCSA, arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos".