El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 ordenó la reanudación, por videoconferencia, del juicio a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados por el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

De esta manera se rechazaron los planteos efectuados por casi todos los acusados (con excepción de la ex mandataria) para evitar la reanudación por vía remota del debate, postergado en marzo pasado por la declaración del aislamiento obligatorio ante la pandemia de coronavirus y cuyo reinicio había ordenado el tribunal la semana pasada.

Asimismo, los jueces resolvieron dirigirse a ese organismo para que "se establezca la fecha en la cual se realizará la correspondiente audiencia de prueba" del sistema. En esta línea indicaron que "en el término de tres días hábiles se habrá de poner a su disposición en la pestaña "Documentos Digitales" del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales la totalidad de los cuerpos de la presente causa debidamente digitalizados".

El TOF concedió además, un plazo de tres días hábiles para que "las partes identifiquen por Secretaría las constancias documentales que habrán de requerir con motivo de la declaración testimonial que se avecina, esto es, la del ingeniero Javier Iguacel", el denunciante ex director de Vialidad del gobierno de Mauricio Macri, para "proceder a su completa digitalización y puesta a disposición".

“Iniciada” por una denuncia del por entonces Director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, la causa tomó 5 contratos testigo (sobre un total de 51 solicitados de ser peritados por parte de la defensa) que desde el Estado fueron otorgados a la empresa de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

Entonces se plantea que, con Cristina a la cabeza, se habría favorecido a Báez tanto en la adjudicación de obras como en su ejecución y el eventual pago.

El diferencial entre los montos iniciales y finales son los que se habrían blanqueado en otras dos causas conocidas como son Los Sauces y Hotesur.

Según plantean los fiscales que llevan la causa, la mayor parte de las obras no se terminaron y, las que sí, se hicieron por mucho más dinero y en un plazo mucho mayor al original. Cristina Kirchner está acusada de liderar la asociación ilícita que se encargó del direccionamiento de los contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. 

En el banquillo de los acusados se encuentran funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex funcionario de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

El resto de la convocatoria la completan el primo de Néstor Kirchner, Santiago Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y los ex integrantes de Vialidad Nacional, Héctor Garro, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Daruich y José Santibáñez.