"Quiero expresar mi solidaridad respecto de las familias de las víctimas del hecho que hoy se juzga", comenzó su defensa -por primera vez- el ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, desde el Penal de Marcos Paz donde se encuentra alojado hace ocho meses.

Tras su detención -acusado de defraudación y desvío de fondos en la causa que investigó los $ 26.000 millones que el gobierno kirchnerista destinó a la mina de carbón de Río Turbio- no asistió a ninguna audiencia por pedido de su defensa (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro) hasta ahora.

En esta causa, a cargo del Tribunal Oral Federal 4, De Vido es juzgado por la tragedia ferroviaria que causó la muerte de 51 personas y lesiones a 789.

"Toda mi vida he trabajado para que episodios como este no sucedan, he trabajado para mejorar la vida de los argentinas y argentinas a través de una seria planificación en la obra y la gestión pública; aún cuando uno haga todo lo necesario para la gestión mas exitosa nunca tendrá la certeza de que un episodio lamentable y trágica como esta no sucederá", sentenció.

"No puedo aceptar ni por un segundo que yo pueda tener responsabilidad penal en relación con este dolor, frente al que me inclino, pero que no puede generar que me atribuya ninguna responsabilidad", declaró.

Julio de Vido culpó al "escaso presupuesto asignado entre los años 2003 y 2012" y a la "complejidad para diseñar y poner en funcionamiento". Además agregó: "el estado declaró en 2002 emergencia ferroviaria".

"Desde el primer dia de gestiones he desarrollado un conjunto de acciones para mejorar el servicio público. Sin embargo se me imputa increíblemente, como Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio de la Nación no evité que los concesionarios ferroviarios incumplieran con las tareas pactadas o que no evite que los secretarios de transporte omitieran realizar esas tareas o quizás ambas cosas". 

"Esta acusación es insostenible. Como Ministro carecía de relación directa con los concesionarios. Las normas asignaban esa función a otros entes y personas".

"Es imposible sospechar que llevé a cabo conductas concretas dirigidas a perjudicar el patrimonio del estado nacional en beneficio del PBA; que conociera conductas de este tipo realizadas por otros funcionarios; que me encontraba en posición de garante en el sentido de encontrarse obligado a ejercer un control dirigido a evitar que se produjeran conducta de administración infiel".