El Ente Regulador de Electricidad (ENRE) formalizó este martes la decisión de prorrogar la prohibición del corte del servicio eléctrico a usuarios de las distribuidoras Edenor y Edesur, por deudas previas al 28 de febrero que se hayan originado o agravado durante la vigencia del aislamiento y el distanciamiento social dispuestos por la pandemia de coronavirus.

Lo hizo a través de la Resolución 58/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, en la que se instruyó a Edenor y Edesur a que "se abstengan de suspender el suministro a aquellas personas usuarias" que tengan deuda originadas por las restricciones adoptadas desde marzo de 2020.

Luego de diversas instancias con asociaciones de usuarios, las multisectoriales, las cámaras de comercio, los municipios, las organizaciones sociales y entidades como la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, la Intervención del Ente registró "las campañas de intimación de pagos con amenaza de corte de suministro llevadas a cabo por las distribuidoras".

Además, la resolución publicada este martes estableció que las empresas deberán informar el monto que las personas usuarias mantienen como saldo adeudado al 31 de diciembre del 2020, y las deudas que se originaron entre el 1 de enero y el 28 de febrero del 2021, para que dichos montos puedan ser percibidos conforme a las pautas que establezca el Ente.

 

Con el objetivo de que las personas usuarias puedan abonar los consumos actuales evitando incurrir en nuevas deudas, se instruyó a las concesionarias a que emitan la liquidación de servicio público incluyendo únicamente los importes correspondientes a los consumos del período, la carga impositiva y, si corresponde, las cargas municipales.

La decisión busca "velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad del servicio público de distribución eléctrica, ponderando la realidad socioeconómica de las personas usuarias", expresó el ENRE. "Del mismo modo, tiende a evitar la exclusión de numerosas personas usuarias de los servicios públicos de energía eléctrica, lo cual significaría un agravamiento del perjuicio social producido por la pandemia", concluyó el organismo.