Se respira nerviosismo en el mercado financiero. La inversión estrella del año está sufriendo pérdidas considerables luego de otorgar rendimientos superiores al 20% entre enero y mayo. Los bonos del Tesoro que pagan una tasa atada a la inflación a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) registraron fuertes caídas durante esta semana.

Una semana dura para los Fondos Comunes de Inversión

Estos títulos vienen siendo muy demandados por los Fondos Comunes de Inversión (FCI) que los bancos y casas de bolsa ofrecen a sus clientes para generar rendimientos y cubrirse frente a la inflación creciente. Sin embargo, los rescates de estos FCI (como se denomina al proceso de retiro de dinero) acumulan $29.790 millones durante las seis primeras ruedas de junio, de los cuales $13.392 millones se rescataron solo este miércoles, según un informe de la consultora 1816.

Al ejecutar los rescates, quienes gestionan los Fondos Comunes deben devolver los pesos a sus clientes. Pero cuando las magnitudes son importantes, no suelen tener los billetes disponibles, por lo que están obligados a vender instrumentos en tenencia de los FCIs. De esta forma, la salida de dinero de los Fondos genera caída en los precios de los bonos CER, en este caso, y pérdidas de capital para quienes están posicionados en los FCIs. Al ver las pérdidas en sus cuentas, más inversores entran en pánico, rescatan su dinero y gatillan más ventas de bonos, generando una espiral a la baja.

Este jueves, organismos públicos salieron a comprar títulos para frenar las caídas y estabilizar el mercado de bonos. La definición sobre la estabilidad (o no) de este mercado se dará el próximo martes, cuando el Tesoro deberá salir a licitar nueva deuda.

¿Por qué caen los bonos?

El Gobierno es el principal interesado en que el mercado de bonos en pesos mantenga su salubridad. Mes a mes, el Tesoro está obligado a hacer frente a vencimientos de títulos de deuda. Pero no quiere pagarlos, ya que hacerlo implicaría un incremento en la emisión, y eventualmente un incumplimiento del acuerdo con el FMI, que pone un tope del 1% anual al financiamiento monetario.

Es por ello que Guzmán debe ofrecer nuevos títulos de deuda frente a cada vencimiento, e incluso está obligado a aumentar la cantidad de deuda para financiar el déficit con pesos del mercado y no con billetes nuevos. Por lo tanto, el ministro está encerrado: no puede dejar caer la curva de bonos CER porque es el único tipo de deuda que el mercado demanda en las licitaciones.

Pero el problema de incrementar la deuda atada a la inflación es un mayor costo de financiamiento. Históricamente, los Gobiernos intentan financiarse a una tasa de interés menor que la inflación, de forma que la deuda se vaya “licuando” en el tiempo. Sin embargo, en un escenario de aceleración en el nivel de precios, la emisión de títulos indexados al CER incrementa la deuda total y no permite que el paso del tiempo la desvalorice.

En este punto se encuentra el motivo fundamental por el cual la deuda del Tesoro se desploma. Además de rescates de FCIs por parte de las empresas que requieren pesos para pagar impuestos y aguinaldos, o consolidar las ganancias obtenidas durante los meses anteriores, crece la desconfianza en el stock de deuda y su futuro. 

La historia argentina también nos enseña que, cuando la deuda no se puede “licuar” con inflación, no se paga. Estas operaciones tuvieron distinta denominación y aplicación para camuflar el default, como el recordado “plan Bonex” o el reciente “reperfilamiento” bajo el Gobierno de Macri en 2019.

Sin embargo, estas son medidas de urgencia, excepcionales. Nadie busca dejar de pagar su deuda en moneda local, porque eso implica quedarse sin financiamiento. Esto sería particularmente dramático en momentos donde el Banco Central no logra acumular divisas en sus reservas y persiste la desconfianza sobre la moneda locaI. En este marco, tomar una medida de estas características sería similar a pegarse un tiro en el pie.

La versión de un nuevo “reperfilamiento”

Pese a esto, en los círculos financieros se instaló la versión de que el Gobierno que asuma en 2023 (descuentan que será de Juntos por el Cambio) aplicará un nuevo “reperfilamiento” de la deuda local. El argumento es que los intereses atados a la inflación convertirán al stock de deuda en una bola de nieve.

Pese a que falte un año y medio para la asunción de una nueva administración nacional, cuando la probabilidad de un escenario determinado a futuro aumenta, y los jugadores del mercado se convencen de que ese escenario va a ocurrir, termina pasando antes de tiempo. Este fenómeno es conocido como profecía autocumplida, y puede materializarse con una venta masiva de los bonos mucho antes de que eventualmente sean “reperfilados”.

Quienes están interesados en instalar este escenario son los mismos actores que serían protagonistas de una próxima administración de JxC. Existen casos reservados, como las charlas para inversores y clientes de la consultora del “Messi de las finanzas”, quién pese a haber ocasionado pérdidas multimillonarias cuando ocupó la función pública, aún es idolatrado en la city.

También hay declaraciones públicas que inducen a este escenario, como las de Patricia Bullrich, quién declaró esta misma semana que “Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a tener capital por un tiempo”. 

Adicionalmente, uno de los candidatos a dirigir la economía del próximo gobierno es Hernán Lacunza, artífice del “reperfilamiento” de 2019.

Este clima de desconfianza lleva a que los inversores sólo acepten deuda en pesos de corto plazo, con vencimiento previo al recambio de gobierno. En consecuencia, crecen las dificultades para que el Tesoro se pueda financiar en el mercado, forzado a ofrecer mayores tasas y vencimientos de corto plazo para “seducir” a los participantes.

La mayor preocupación frente a este panorama es la posibilidad de un colapso de la deuda argentina, inducido por estos rumores que se magnifican en un mercado tan chico. Indudablemente, si al Tesoro se le cierran las posibilidades de endeudamiento en el mercado, deberá recurrir al Banco Central. Pero un incremento en el financiamiento monetario no sólo llevaría a incumplir el acuerdo con el FMI, sino también a una corrida cambiaria con pocas espaldas para hacerle frente, dado el nivel de reservas internacionales disponibles en el BCRA.

De esto se desprende que un escenario posible dentro del imaginario de los “halcones” sería empujar a una nueva crisis para asumir el poder del Estado con una economía “reseteada”: sin la carga de la deuda en pesos, con un tipo de cambio muy elevado para cambiar de régimen monetario en un contexto de inflación descontrolada, con la deuda en dólares ya reestructurada y la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo con el FMI.

Un panorama similar se podría haber desatado en la transición entre las PASO y las elecciones generales de 2019. El mencionado “reperfilamiento” no fue una medida arbitraria de Lacunza. Detrás de escena, la transición fue conversada entre el equipo del entonces ministro y el de un ex funcionario del kirchnerismo devenido consultor privado, cercano al actual Gobierno.

El propio Alberto Fernández contribuyó a que la administración de Macri pueda concluir su mandato sin un descalabro económico aún mayor, poniendo un techo al dólar en 60 pesos en declaraciones públicas.

Sectores del oficialismo reprochan ese acto de “responsabilidad institucional” del presidente, por haber dejado pasar la oportunidad de que el macrismo se consuma en una espiral devaluatoria e inflacionaria que termine de minar su autoridad política. Según esta visión, la “transición ordenada” le permitió al macrismo remontar en las elecciones generales de aquel entonces y ser hoy un espacio político con altas probabilidades de volver al Gobierno.

El relato es recordado en estos días, frente a la evidencia de que la actual oposición no se muestra preocupada por la responsabilidad institucional, política y social. Al contrario, parece inducir a los actores del mercado a presionar por un desenlace en espiral que lleve a una nueva crisis económica y financiera, que les permita iniciar un nuevo Gobierno con mayor espacio para encarar las “reformas estructurales” que se plantean.

El problema detrás de estas especulaciones no son sólo los inversores o ahorristas que están sufriendo pérdidas de capital por el movimiento de la deuda local. Probablemente el Gobierno salga a rescatar el mercado de bonos.

El drama reside en que los cambios estructurales se desprenden de los desequilibrios mencionados llevan a que unos pocos grupos que consumen información privilegiada multipliquen su capital. La contracara de este ajuste es conocida y se repite en loop en la historia argentina reciente: pérdida de poder adquisitivo, mayores índices de pobreza, ensanchamiento de las desigualdades y retrocesos sobre los derechos adquiridos.