La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.

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La Justicia dispuso una decena de allanamientos en distintas empresas de Capital Federal y provincia pertenecientes al supuesto testaferro de Norberto Oyarbide, Ariel Roperti, y a la pareja del ex juez federal, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra él.
Los allanamientos realizados de manera simultánea fueron pedidos por el fiscal Jorge Di Lello y ordenados por el juez Sergio Torres.
Los operativos, a cargo de la División Fraudes Bancarios de Policía Federal, fueron en sociedades anónimas a nombre de Claudio Blanco, pareja de Oyarbide, y del empresario Ariel Roperti, sindicado como testaferro.
En los operativos se secuestró documentación que prueba la hipótesis de la investigación: las sociedades fueron creadas a sólo efectos de simular bienes patrimoniales como una gran cantidad de vehículos de alta gama, según precisaron las fuentes judiciales a NA.
Fueron allanadas las firmas Cuasares, Consorcio Creba y Krabenlab, y no se descartan próximos operativos.
La vinculación entre Oyarbide y Roperti está dada porque el ex juez es padrino de una de las hijas del empresario. Además, viajaron juntos en varias oportunidades y Oyarbide se hizo cargo de los gastos.
Los allanamientos fueron ordenados por una investigación patrimonial al ex juez federal. El inicio se dio con una nota periodística que aseguraba que Oyarbide tenía artículos de lujo en un restaurante de Puerto Madero al que asistía con frecuencia.
Más adelante, se sumó un expediente de hace más de 20 años en donde se comenzó a investigar el crecimiento patrimonial del ex juez federal.
En las últimas semanas y por pedido del fiscal federal Jorge Di Lello se dispuso levantar el secreto bancario. La investigación se focalizó en cómo se financiaron la gran cantidad de viajes al exterior que hizo Oyarbide siendo juez federal.
La medida indica que quienes busquen acceder a los beneficios tendrán que certificar que sus terrenos están dentro de las áreas afectadas.
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