El gobierno brasileño afirmó que no acepta el pacto entre los procuradores generales de Argentina y Brasil por el caso Odebrecht. "Como se sabe, ninguno de los ministerios públicos es un Estado parte en el ámbito del derecho internacional. El acto celebrado por las fiscalías no obliga al Estado brasileño", afirmó el gobierno de Temer a través de un comunicado que emitió el Ministerio de Justicia de Brasil.

Además, el comunicado sostiene que esperan una respuesta de la cancillería argentina para proceder. Tanto la procuradora Alejandra Gils Carbó como el Gobierno eligieron mantener silencio. La cancillería argentina, el ministerio designado como autoridad de aplicación, emitió ayer un comunicado en el que aseguró estar "analizando" el acuerdo.

El fiscal general Rodrigo Janot respondió que la intención de Temer es "complicar" la creación de equipos de trabajo con el Ministerio Público argentino para cooperar en la investigación sobre los sobornos que Odebrecht pagó en nuestro país.

La gestión de Michel Temer ratificó así la advertencia emitida hace un mes, cuando sugirió que el acuerdo sólo sería válido con la intervención de ambos gobiernos.

Janot y Alejandra Gils Carbó habían firmado un comunicado que señalaba que los gobiernos de ambos países querían "poner obstáculos" en el desarrollo de una posible investigación en conjunto. "Ambas solicitudes desvirtúan la herramienta de cooperación entre los órganos judiciales competentes para la investigación", remarcaron las fiscalías de ambos países.

La cartera encabezada por Jorge Faurie señaló que está "analizando con prioridad y de manera responsable el Acuerdo en el marco de sus competencias legales y de acuerdo a lo previsto en el propio Acuerdo por ambos procuradores generales, lo que incluye las propuestas de modificaciones sugeridas por el Gobierno de Brasil".

Y señaló que "el Acuerdo establece que será aplicable una vez que hayan tomado intervención las Autoridades Centrales respectivas responsables de la cooperación jurídica internacional, que en Argentina es la Cancillería mientras que en Brasil es el Ministerio de Justicia".

Los fiscales argentinos que viajaron a Brasilia en junio con la intención de poner en marcha el proceso se toparon con el requisito impuesto por Brasil: respetar las garantías que se le habían prometido a los ejecutivos de Odebrecht en ese país.