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El dato surge de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo. Del total, el 30% de los menores trabaja en el agro.

Este miércoles, la Cámara de Diputados, por iniciativa de Marcela Fernández (UCR), distinguió a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por los compromisos asumidos para la erradicación del Trabajo Infantil. A su vez, la legisladora formuló avances sobre un proyecto de Ley de su autoría por el que se busca erradicar estas prácticas en Mendoza y ampliar los protocolos de actuación para casos de trabajo infantil.
También estuvo el subsecretario de Trabajo y Empleo, Carlos Segura, quien se refirió a los casos contabilizados en la provincia. Aseguró que se detectaron 62 casos de trabajo infantil en Mendoza y que el 30% del total se da en el agro.
"Tenemos 62 casos de trabajo infantil que se encuentran en vía administrativa y seguramente terminen en sanción. Casi el 30% de los casos de trabajo infantil se dan en el agro pero también aparecen la venta ambulante y la actividad doméstica. El adolescente antes de los 15 años no puede trabajar y a partir de esa edad puede trabajar con la autorización de sus padres", explicó Segura.
su proyecto, Fernández indicó que: “Todo marco normativo tiene políticas públicas que lo sostienen, y en este caso tenemos el aval de la Subsecretaría de Trabajo, y en eso también radicamos la importancia de este proyecto”, y explicó “con este proyecto vamos a fijar responsabilidades de los efectores públicos. Que un médico, en un centro de salud, pueda determinar si un niño tiene dolor de espalda, escaras en las manos, bronquitis seguidas porque aspiran el polvo de los ladrillos; todo lo que tenga que ver con esas situaciones, que lo puedan denunciar”.
La legisladora hizo hincapié en el avance esperado de la corresponsabilidad en el sistema de protección de los derechos de los niños. Justificó sus palabras indicando que “el año pasado se registraron 54 situaciones de alto riesgo, de niños trabajando en Mendoza. Por eso también, este protocolo viene a establecer que las estadísticas sean públicas, que puedan registrarse”.

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