A pesar de estar a mitad de año, aún existen paritarias que todavía no se han cerrado. Sin embargo, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) ya no se encuentra en esta situación porque este martes 5 de junio acordó con el Gobierno un aumento del 15% en tres tramos.

En un contexto en el que se estima una inflación anual de 27,1%, la suba -que además incluye un bono de $2.000 y el cese de los despidos por 2 meses- se coloca 12 puntos porcentuales por debajo de esta cifra, razón por la que Andrés Rodríguez, dirigente del gremio, fue criticado por varios sectores.

"Somos conscientes que no es un acuerdo ideal", expresó Rodríguez en un comunicado dirigido a los afiliados y en el que aseguró haber aceptado la oferta oficial para evitar, al menos por 60 días, las desvinculaciones.

La segunda propuesta del Gobierno fue la aceptada por el sindicalista tras rechazar la primera oferta, que consistía en un incremente salarial del 12% para todo el 2018.

"Si bien es cierto que muchos sectores han avanzado en acuerdos similares en número y tramos, no es menos cierto que a mayores niveles de tensión o conflicto no se han logrado acuerdos económicos superiores; así es que hemos decidido cerrar el acuerdo, priorizando por sobre todo guarismo la preservación de los puestos de trabajo", argumentó Rodríguez.

Este 15% se abonará en 3 cuotas: 3% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre. El acuerdo contempla el pago en junio de un bonos de $2.000 por única vez para todos los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 214/06, señaló el gremio en su comunicado.

Por otro lado, habrá una suma fija para todos los empleados públicos con "Nivel A" (que ganan más de $40.000 mensuales), que se abonará $2.000 en julio y $4.500 desde agosto en adelante.

El entendimiento entre Rodríguez y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, contempló una cláusula de revisión para marzo de 2019.

También habrá un cese de los despidos por 60 días en todos los ámbitos del Estado, a partir de la conformación de una mesa de diálogo para discutir el impacto que podría tener en la población de trabajadores el establecimiento de "dotaciones óptimas" declaradas por la cartera de Modernización.