La Justicia uruguaya concedió hoy la extradición del ex jefe del Sindicato de Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), Marcelo Balcedo, y de su esposa, Paola Fiege, con una sola condición: que su entrega a las autoridades argentinas se dé tras "la conclusión de la causa que le sigue" a ambos. 

La decisión fue tomada por la jueza de primera instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado María Helena Mainard al denegar el pedido de la defensa de Balcedo para que rechazara su extradición con el argumento de que el juez federal a cargo de la causa en Argentina, Ernesto Kreplak, tenía "animosidad" contra el sindicalista.

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"De la prueba diligenciada en autos no surge probado que los delitos imputados a Balcedo sean delitos políticos o conexos con los mismos, u otros cuya persecución se encuentre motivada en fines políticos", sostiene Mainard en el dictamen en el que no hace lugar a la solicitud del abogado del sindicalista.

La magistrada consideró que el pedido de extradición cumple con todos los requisitos formales y legales que contempla el tratado vigente entre ambos países, aunque resolvió que los acusados sean juzgados en Uruguay antes de su traslado a Argentina.

Asimismo, dispuso la "conservación temporaria, bajo condición de restitución" de todos esos bienes incautados a los acusados en Uruguay.

El ex secretario del SOEME y su esposa están detenidos en Uruguay desde el 4 de enero pasado a raíz de una causa por lavado de dinero y asociación ilícita en la que se investiga el vaciamiento del gremio, que tramita en el juzgado federal de La Plata a cargo de Kreplak.

También se detuvo en Argentina a Mauricio Yebra, mano derecha y presunto testaferro de Balcedo, quien fue procesado con prisión preventiva por el magistrado. 

Balcedo fue detenido en una lujosa chacra en el balneario uruguayo de Piriápolis con una importante cantidad de dinero en su poder, así como armas de fuego, numerosos autos de lujo que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes.

Más tarde, se encontraron más de 7.000.000 de dólares en cajas de seguridad que el sindicalista y dueño del diario platense Hoy tenía en Uruguay.

A fines de enero, el sindicato SOEME fue intervenido y, en febrero, los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires nombraron a los interventores: Conrado Reinke, por parte de Nación, y Antonio Mazzeo, licenciado en administración de empresas y asesor de un organismo de la gestión provincial.

Balcedo contaba con 24 empleados en una chacra suya en la ciudad uruguaya de Maldonado, con altos sueldos en dólares, pero declarados ante los organismos de Uruguay con bajos salarios porque gran parte de las remuneraciones era pagadas en forma irregular, según detalló el fiscal Rodrigo Morosoli en la audiencia judicial penal de la causa contra el gremialista que se desarrolla en el vecino país. 

El informe del fiscal uruguayo reveló que el cocinero de Balcedo cobraba 4.200 dólares y su entrenador físico, que también era chofer, alcanzaba los 6.000 dólares al mes mientras que las niñeras cobraban 21.400 pesos uruguayos de salario pero además recibían un monto extra en "negro" de 3.000 dólares, según contó una de las encargadas de cuidar a los hijos del sindicalistas. 

Además de un cocinero, personal trainer y 3 niñeras, Balcedo tenía empleadas domésticas, chofer, jardinero, encargados de la chacra, cuidadores de animales y otros empleados polifuncionales, que declararon en la fiscalía de Maldonado para dar testimonio de su relación laboral con el titular del SOEME.

Otra de las niñeras hijo también dictaba clases de inglés y portugués a los del gremialista y, al igual que el entrenador, viajó con la familia a diferentes destinos turísticos como Estados Unidos, México, Tahití y Aruba. 

La persona encargada de cuidar a los niños por la noche percibía un sueldo de 19.000 pesos uruguayos, pero -al igual que las otras niñeras- aseguró que recibía una suma de 2.000 dólares de manera no registrada.

Según se desprende de las declaraciones judiciales de los empleados, Fiege -quien también está imputada con prisión preventiva por presunto lavado de activos, contrabando y tráfico de armas- era la encargada de pagar los sueldos en efectivo que llevaba en su cartera.