El caso ocurrió en Las Heras y es investigado por la fiscalía de Homicidios, mientras avanzan las causas abiertas en Olivos y Corrientes.

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La Dirección Nacional de Vialidad les reclama, a modo de resarcimiento, unos 1200 millones de dólares a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros procesados en el marco de la causa por presunto fraude en la obra pública que tiene a cargo el juez federal Julián Ercolini.
Los fiscales incluyeron en la solicitud al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido; el empresario detenido Lázaro Báez; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y a Martín Báez, hijo del empresario.
A partir de la investigación por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, la Dirección de Vialidad rescindió 24 contratos en los se detectaron irregularidades: daños ocasionados por los retrasos y diferencias en los costos administrativos.
Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido que la ex presidenta y otros funcionarios de su Gobierno fueran enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública.
Desde Vialidad Nacional reclamaron que, en caso de recaer condena en juicio oral y público contra los acusados, los bienes patrimoniales sean otorgados al Estado Nacional. Luego del planteo de las querellas de la causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), todo indica que antes de fin de año el caso pasará a un Tribunal Oral Federal.

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La advertencia se emitió tras los casos registrados en Neuquén, donde se investigan fallecimientos y una internación grave vinculados al consumo de la sustancia.
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Se trata del bloque de artículos que contemplaba la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad. El Presupuesto sería debatido el próximo viernes en el recinto.
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El oficialismo incluyó la derogación de la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad dentro del dictamen de Presupuesto 2026 y generó la baja de un capítulo clave para mantener el equilibrio fiscal.
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