¿Y si sale bien? La pregunta sobre el futuro del plan económico del presidente Javier Milei surge frente a otra pregunta recurrente, en el sentido opuesto: ¿Cuándo explota esto?

Para responder a la primera debemos remontarnos al mandato electoral de Milei. Eliminar la inflación es el principal objetivo económico del presidente, a través de una dolarización o competencia de monedas (según qué entrevista miremos). Sin embargo, el cambio de régimen monetario aún no fue anunciado y tiene como condición la salida del cepo cambiario.

El plan de transición del ministro de Economía Luis Caputo opera como un puente hacia un nuevo programa integral, que intente resetear las variables macroeconómicas y marcar un sendero de estabilización.

En la previa, el shock de Caputo está haciendo el trabajo sucio: salto del 118% del dólar oficial, liberación de precios, eliminación de subsidios, recorte jubilatorio, ajuste sobre el gasto público, absorción de pesos, entre otros “sinceramientos”.

Sin embargo, el ministro procedió a congelar 2 variables para evitar un descontrol inflacionario: el dólar y los salarios. Tras el salto devaluatorio, el tipo de cambio oficial sólo se movió al alza en un 2% mensual, según lo anunciado, frente a datos de inflación del 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero. El dólar pisado funciona como un ancla para intentar frenar al resto de los precios de la economía.

En tanto, los salarios perdieron más de un quinto de su poder de compra entre diciembre y enero. En los dos primeros meses de la presidencia de Milei, el salario real de los trabajadores registrados cayó un 20,7%, según el RIPTE del Indec.

Luego del derrumbe es esperable que los trabajadores busquen recuperar lo perdido, principalmente quienes tienen mayor capacidad de negociación con sus empleadores. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo de la Nación se encarga de bloquear las recomposiciones salariales.  

Por ejemplo, el sindicato de camioneros llegó a un acuerdo con las entidades empresarias del sector para aumentar sus salarios un 25% en marzo y un 20% en abril. Pese a que la paritaria fue firmada a mediados de febrero, en Trabajo aún no homologaron el acuerdo, dejando sin efecto el aumento salarial.

La combinación de elevada inflación y salarios pisados llevó a que el salario bruto promedio medido por el RIPTE se ubique en $555.269 en enero, frente a un costo de la canasta básica total para una familia de $596.823 en el mismo mes. El sueldo promedio quedó por debajo de la línea de pobreza.

En este momento es inevitable remontarnos a la segunda pregunta planteada inicialmente: ¿Cuándo explota esto?

Los movimientos de Caputo nos llevan a pensar que dentro del Ministerio de Economía se hacen un cuestionamiento similar. El giro morenista para discutir el formato de las promociones en las góndolas con los “formadores de precios” y la seguidilla de reuniones con funcionarios del FMI para conseguir dólares frescos no son buenos síntomas.

La desaceleración de la inflación no evoluciona según lo esperado, una mala noticia para la paciencia social. La compra de dólares no es suficiente para recomponer las reservas del Banco Central, lo cual aleja los tiempos para el levantamiento de los controles de cambios.

Sin embargo, frente a este panorama hay personas muy influyentes que se mantienen optimistas. Los dueños de las principales empresas del país apoyan al presidente y avalan el rumbo económico. Es lógico: el Gobierno sostiene el costo laboral por el suelo.

La estrategia oficial es bajar la inflación con la fuerza de la recesión. O, como diría la canciller Diana Mondino, “si no tiene plata en el bolsillo, no va a comprar cosas muy caras”. Por este motivo, una mejora en el poder adquisitivo de la población es contrario a los objetivos oficiales, lo cual lleva al Gobierno a bloquear cualquier intento de recomposición salarial.

Por esto, la principal variable que revisan los economistas del oficialismo, del FMI y de los fondos de inversión no es la inflación, ni el nivel de actividad económica, ni el dólar. Es la paciencia social.

En este sentido, Caputo apura las definiciones sobre la salida del cepo. Una apertura del control de cambios es condición necesaria para la implementación de un plan de estabilización de las variables macroeconómicas que tienda a eliminar la inflación.

Tras muchos años de alta inflación, una perspectiva de estabilidad aportaría una renovada dosis de apoyo al presidente. Dejar atrás el desorden que implica la incapacidad de planificar los gastos de la vida cotidiana y la angustia de una pérdida constante del poder de compra, aunque partiendo de ingresos reales muy deteriorados, es el principal activo que podría mostrar Milei frente a las elecciones legislativas del 2025.

El plan de estabilización congelaría la situación socioeconómica preexistente. Los bajos costos laborales y márgenes de ganancia ampliados que resultaron del shock devaluatorio de Caputo serían sostenibles en el tiempo. Adicionalmente, una batería de “reformas estructurales” (DNU 70, Ley Bases) serviría de garantía a los inversores extranjeros para traer capital a la Argentina.

Un bajo costo laboral es sinónimo de bajos salarios. Los bajos salarios implican un nivel de consumo deprimido. Por este motivo, las perspectivas del mercado interno no son alentadoras. El foco del modelo Milei está en el frente exportador.

Finalmente, para juzgar si el plan sale bien debemos observar el nivel de inversión y de exportaciones de la economía argentina durante los próximos años. No es casual que su principal respaldo sean los empresarios del sector agroexportador, hidrocarburífero (petróleo y gas) y minero.