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A pesar de que casi el 13 % de los adultos podría vivir con diabetes, expertos advierten que gran parte de esos casos están sin diagnosticar, lo que retrasa el tratamiento y agrava riesgos para la salud.

La diabetes se perfila como una “epidemia silenciosa” en Argentina: según diferentes fuentes médicas, una proporción significativa de personas convive con la enfermedad sin siquiera saberlo. Esto ha llevado a que se la denomine como una patología fantasma, por su capacidad de progresar sin señales visibles hasta generar daños severos.
De acuerdo con el Atlas Internacional de Diabetes, en Argentina hay alrededor de 4,3 millones de adultos con diabetes. Lo alarmante es que casi un 29 % de esos casos no están diagnosticados. Esto equivale a más de 1,2 millones de argentinos que podrían tener diabetes sin saberlo.
El subdiagnóstico no es un fenómeno aislado. Según el Ministerio de Salud bonaerense, hasta el 40 % de las personas con diabetes desconoce su condición. Esto sucede en parte porque los primeros síntomas suelen ser muy leves o pasar desapercibidos, y muchas personas no se realizan análisis de rutina.
Un estudio del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) también aporta claridad: encontró que en poblaciones del Cono Sur el 11 % de los adultos padece diabetes tipo 2, y dentro de ese porcentaje, entre el 24% y el 25% no estaba al tanto de su diagnóstico. Esta realidad complica los esfuerzos de prevención, ya que quienes no saben que son diabéticos no acceden a controles, medicación ni educación en salud.
La diabetes no controlada tiene consecuencias graves: puede provocar daño vascular, renal, cardiovascular y hasta pérdida de la visión. Además, cuando el diagnóstico se retrasa, las complicaciones se vuelven más difíciles de revertir.
Frente a este escenario, expertos insisten en la necesidad de reforzar campañas de detección temprana, impulsar la educación sobre factores de riesgo (sedentarismo, obesidad, alimentación) y mejorar el acceso a pruebas de glucosa en centros de salud. También piden políticas públicas que promuevan chequeos regulares para adultos, especialmente a partir de los 35 años, cuando el riesgo suele aumentar.

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