A la par de que los incendios forestales vuelven a avanzar sobre la Patagonia, el Gobierno decide desfinanciar las políticas de prevención y combate del fuego. En el Hoyo, Chubut, el fuego consumió más de 3.500 hectáreas de bosque nativo y campos, según informó el gobernador Ignacio Torres, y hay quince familias evacuadas y dos autoevacuadas.

En 2025, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto, equivalente a casi $20.000 millones, de acuerdo a un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En cuanto a las partidas previstas para 2026, se proyecta una caída real del 71,6% respecto de 2025 en los fondos destinados al combate y prevención de incendios.

Actualmente hay cuatro focos activos en la región patagónica, según los últimos datos proporcionados por la Agencia Federal de Emergencias. El más grave continúa siendo el de Puerto Patriada, en El Hoyo (Chubut), pero también se registran incendios en Puerto Café (Parque Nacional Los Alerces) y en zonas de Aluminé, Neuquén.

El gobernador chubutense Ignacio Torres aseguró que el incendio en Puerto Patriada fue iniciado de forma intencional, tras comprobarse el uso de acelerantes. “Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, afirmó el secretario de Bosques provincial, Abel Nievas. 

El fuego y la ausencia del Estado

Más de 20 organizaciones ambientales advirtieron que los incendios en la Patagonia son “otro síntoma alarmante de la crisis climática global y de la inacción estatal en materia de mitigación y prevención”. En ese marco, los números del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) funcionan como un termómetro claro de las prioridades oficiales: hubo una subejecución del 25% de su presupuesto.

Estos fondos, según la FARN, podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejores condiciones laborales para brigadistas. Este dato no es aislado, ya que el SNMF en 2023 ejecutó el 100% de su presupuesto, aunque un año después (2024) la ejecución cayó al 22%, pese a que se trató del período con mayor cantidad de focos de incendio de al menos los últimos ocho años. Esa subejecución explica, en gran medida, una caída real del 81% del presupuesto entre 2023 y 2024.

Si bien en 2025 la ejecución mejoró hasta el 76%, el leve aumento real del presupuesto (8,5%) se explicó casi exclusivamente por ampliaciones concentradas en el último trimestre, destinadas mayormente al alquiler de maquinaria y transporte. Es decir, recursos orientados a apagar incendios ya desatados, no a prevenirlos.

El panorama se agrava hacia adelante, ya que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé una caída real del 71,6% en los fondos destinados al SNMF respecto de 2025. En términos comparativos, el presupuesto sería 68,9% menor al de 2023. 

Además, la participación del manejo del fuego dentro del presupuesto total del Estado nacional se reduciría del 0,032% en 2023 al 0,014% en 2026, una baja del 57% en términos relativos.

El ajuste impacta directamente en capacidades clave, según la FARN. Las horas de vuelo se verán reducidas de 5.100 (2023) a 3.100; mientras que los informes de alerta temprana y evaluación de peligro bajarían de 2.310 en 2025 a 1.850 en 2026. Vale destacar que se trata de herramientas centrales para un enfoque preventivo que, una vez más, quedan relegadas.

“La lógica de actuación es siempre con los incendios consumados y nunca con carácter preventivo”, explicó Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN. Y agregó: “No sólo se necesita más presupuesto, sino atacar las causas de los incendios vinculadas al uso del suelo y a prácticas no respetuosas con los bosques”.

A este escenario se suma la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego en 2025, un mecanismo que garantizaba financiamiento específico, automático y transparente a partir de aportes del sector asegurador. Su eliminación, en nombre del ajuste fiscal y del superávit, redujo aún más las herramientas para anticiparse a emergencias que ya no son excepcionales, sino recurrentes.

En paralelo, Argentina sigue sin incorporar los delitos ambientales al Código Penal, lo que debilita cualquier respuesta estructural frente a incendios intencionales. La paradoja es evidente: "Al mismo tiempo, quienes denuncian intencionalidad suelen ser los mismos actores que luego impulsan o avalan recortes presupuestarios que reducen drásticamente la capacidad del Estado para prevenir y combatir incendios", concluye con dureza la FARN.