El oficialismo aprobó pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, pero no logró reunir los acuerdos para debatir el proyecto.

Senado: oficialismo aplazó el tratamiento de la reforma de la ley de tierras
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El tribunal sostuvo que las afecciones del empresario son compatibles con el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por el empresario Lázaro Báez, quien buscaba acceder al beneficio por problemas de salud propios y por la delicada situación que atraviesa su pareja, actualmente en tratamiento contra un cáncer.
La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Carbajo, Hornos y Borinsky, quienes concluyeron que no existen motivos suficientes para apartarse del cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario. En ese sentido, recordaron que la prisión domiciliaria constituye una medida excepcional y requiere fundamentos debidamente acreditados.
Para resolver el planteo, el tribunal evaluó informes médicos que indican que Báez padece hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y un adenoma de colon con displasia de alto grado. No obstante, sostuvo que esas patologías "están siendo atendidas debida y adecuadamente en el establecimiento penitenciario donde se encuentra alojado", por lo que su estado de salud no justifica el cambio de modalidad de detención.
La defensa había argumentado que el empresario sufrió un deterioro físico durante el encierro y denunció demoras en la atención médica, entre ellas la falta de controles posteriores a la extirpación de un tumor premaligno y el incumplimiento de estudios vinculados al seguimiento de la diabetes. Los jueces también resaltaron la gravedad de los delitos por los que fue condenado y señalaron que los hechos de corrupción por los que cumple condena afectaron "al sistema democrático y al patrimonio público", un aspecto que consideraron relevante al momento de analizar el pedido.
Báez cumple una pena unificada de 15 años de prisión por las condenas recibidas en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, vinculadas a delitos de lavado de activos y administración fraudulenta durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner.

El oficialismo aprobó pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, pero no logró reunir los acuerdos para debatir el proyecto.
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